Los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron con 74 votos la Ley Especial Sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos, normativa que genera la equidad para que todos los pacientes -independientemente de su realidad económica y social- tengan acceso a un trasplante, si así lo necesitan.
La normativa de 55 artículos contempla nueve áreas enfocadas en una visión humana y centrada en los pacientes, debido a que busca aumentar la disponibilidad de tejidos y células, basado en donaciones voluntarias no remuneradas, debido a que se trata de un acto altruista: Un solo donador puede salvar hasta ocho vidas e impactar a 50 familias.
Dentro de seis meses entrará en vigencia la ley, tras ser publicada en el Diario Oficial, con el fin de poder preparar lo necesario y así ejecutarla adecuadamente.
“El articulado regulará la obtención, la donación, la preservación, el almacenamiento, el transporte, el destino y la disposición final de componentes y sus derivados, como un medio para garantizar el derecho a la salud y la vida”, explicó el diputado de Nuevas Ideas, José Urbina. “Con esta ley se hará justicia en un tema sensible que, a lo largo de la historia, ha cobrado la vida de muchas personas”, agregó.
Respecto al tema del costo, también se plantea una reducción de los mismos para el Estado. Actualmente, un año de tratamiento de hemodiálisis para un paciente cuesta $20,000 ($200,000 en 10 años), pero si se le hace un trasplante, el costo para el Estado -en esa misma cantidad de años- será de $60,000. Es decir, es un ahorro de $140,000 por paciente.
Además, esta aprobación incluye a donantes fallecidos. Hasta la fecha, en el país solamente se ha trabajado con donantes vivos; la ventaja de incluir a donantes muertos es que la mayoría de órganos pueden utilizarse para dar una oportunidad de vida a más personas.
“La ley que estaba antes fue hecha de manera inconsulta y no le beneficiaba a nadie. No estaba alcance de lo que realmente se necesita en el país”, dijo el parlamentario de GANA, Amilcar Ayala. “No solo los pacientes son los que sufren, sino también los familiares”, añadió.
Al entrar en vigencia el articulado se contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante (CNT), que será autónomo y estará ligado y también regido por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Este incluirá una representación de los pacientes afectados para que tengan voz y voto en las decisiones que se tomen de cara a su salud.
A la vez, realizará inspecciones periódicas necesarias para verificar que se cumpla la norma requerida para ejecutar los trasplantes.
Esta ley también busca aumentar la disponibilidad de tejidos y células, con base a donaciones voluntarias no remuneradas, debido a que se trata de un acto altruista. Un solo donador puede salvar hasta ocho vidas e impactar a 50 familias, según los estudios.
“Estamos aprobando una buena ley, porque es novedosa al incluir a donantes cadavéricos y esto acelera la donación a pacientes compatibles”, aseguró el legislador de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol.
En 1985, se realizó en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el primer trasplante de riñón y hasta la fecha se han efectuado menos de 1,000 implantaciones, cifra que se logra en solo tres meses en países como España.
Desde hace 26 años no se ha logrado concretar nada hasta hoy. Se desperdició todo este tiempo y el personal capacitado para ello está hasta jubilado, según comentó la directora del ISSS, Mónica Ayala, al ser invitada en una de las sesiones de la Comisión de Salud.
En el Hospital de Niños “Benjamín Bloom” (HNBB), desde el año 2000 hasta hoy se han llevado a cabo solo 45 trasplantes. Los únicos dos hospitales facultados para estos procedimientos son el Bloom y el Médico Quirúrgico (MQ), del ISSS.
El aval brindado por los parlamentarios, en la sesión plenaria número 51, solventa los vacíos legales que la vieja legislatura propuso en cuanto a este tema, pues la antigua normativa, promovida por el actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) del partido ARENA, Norman Quijano, y por el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, hacía del trasplante de órganos un negocio para el sector privado.
Anteriormente, el sistema público de salud asumía los costos de recuperación -tanto del receptor como del donador- de todo trasplante que era ejecutado en el sector privado.
Además, la lista de espera de pacientes era arbitraria y no en orden correlativo. Así, una persona con poder económico e influencias podría alterar el orden de la lista de espera para tener prioridad para recibir un órgano.
Con ley anterior no se le cerró las puertas a los establecimientos que se dedican al comercio ilegal de órganos. Asimismo, las penas para quien no diera información clara a los pacientes a quienes se les extraía un riñón eran desde uno hasta 20 salarios mínimos, igual que para quienes hicieran esta práctica sin informar a la autoridad competente y esto abrió espacios para el comercio ilegal.
Todos estos elementos negativos sirvieron para que los diputados de la Comisión de Salud analizaran y estudiara el nuevo articulado, mismo que fue creado bajo una fase de consultas con referentes del SNIS. Ante esto, el ministro de Salud, Francisco Alabi, y la directora del ISSS ayudaron a la intervención.
Además, los recabaron opiniones de expertos internacionales como de Argentina, España, Francia y México, países vanguardistas en el tema de los trasplantes.
