Por Ricardo Sosa
En El Salvador cada campaña y gobierno presidencial la población estaba acostumbrada a planes de seguridad con nombres pomposos que los asesores y empresas contratadas para las campañas políticas recomendaban determinadas palabras que dos o tres palabras se mostraran como inquebrantables en el combate y represión de las pandillas y criminalidad, los nombres debían de ser verdaderamente impactantes y enviar un mensaje a los electores, indecisos y fanáticos que el próximo gobierno, su presidente y futuro gabinete combatirían y erradicarían a las pandillas y criminales de la sociedad salvadoreña. Todas las encuestas de opinión establecían que la inseguridad era el principal problema de los salvadoreños, seguido de las pandillas, y delincuencia por lo que superaban más del 70% de la percepción y marcas en dichas encuestas.
Una política de seguridad debe de considerar la protección del bien más preciado, la vida de las y los salvadoreños, la integridad y sus bienes, como mínimo con sus ejes principales o pilares más utilizados de manera internacional que son: prevención, combate y represión del delito, investigación, judicialización de los casos, atención a víctimas. Además, debe contener aquellas grandes líneas estratégicas en las cuales un Estado diseña un planteamiento de mediano y largo plazo, y el cual la población debe conocer, no hablo de los planes y estrategias, sino de estos grandes acuerdos e idearios de hacia dónde vamos en materia de seguridad pública.
Como ciudadanos no debemos permitir que se nos confunda, o que alguien por falta de preparación y conocimiento en medios de prensa, radio, televisión o redes sociales nos diga que violencia es sinónimo de delito. La seguridad pública está directamente relacionada a los delitos que están tipificados en el código penal de El Salvador.
No es el folleto, revista o el PDF que se entrega como una politica pública de seguridad lo que cuenta, sino el diseño técnico, considerando los ejes y pilares fundamentales de la politica, para ello se deberá de contar y considerar los diagnósticos institucionales, la evidencia o data del país, los objetivos nacionales permanentes del Estado salvadoreño, los recursos del gran talento humano que disponen las instituciones del sector justicia y seguridad, y los recursos materiales y tecnológicos. Como un componente relevante en el diseño y formulación no se puede obviar el componente social, en donde resolver factores de riesgo y criminógenos deben ser erradicados, para ello es indispensable una inversión social extraordinaria, y el eje transversal para nuestro país debe estar fundamentado en la educación desde la primera infancia en el hogar y con un plan de estudios y actividades extracurriculares de arte y cultura.
Una politica de seguridad pública efectiva debe de tocar el territorio, e impactar en positivo la vida de todos los habitantes de nuestra República, no puede ser diseñada y pensada solo por expertos en marketing político, en asesores que no tienen la formación en seguridad interior, seguridad pública y ciudadana como seguridad nacional. Debe de ubicar al centro a la población y sus bienes, además de fortalecer nuestro sistema de investigación, judicialización de los casos, atención integral a las víctimas.