El expresidente Mauricio Funes se desligó este miércoles del caso de corrupción de la presa El Chaparral, al decir que la investigación sobre la supuesta malversación de fondos en la construcción de la obra proviene de la administración de su antecesor, Elías Antonio Saca.
El actual presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que su Gobierno presentó una querella contra Funes y otros acusados. Esto luego que el 4 de enero de 2019, la Fiscalía acusara a Funes por el supuesto manejo irregular de $108.5 millones para la represa.
De acuerdo con Funes, el Ministerio Público y Bukele evitan señalar que durante la administración de Saca se comenzó la obra y que pagó más de $80 millones a la empresa encargada "sin que el avance del proyecto correspondiera a la suma pagada".
Añadió que la Fiscalía, cuando era dirigida por el exfiscal general Douglas Meléndez, dejó por fuera del proceso "las irregularidades detectadas en la compra-venta del terreno donde se comenzó a construir la obra".
Funes señaló que unos expertos de antecesor de Meléndez, Luis Martínez, "habían señalado que el terreno no era el adecuado y que se habían inflado los precios". Además, dijo que si el costo del proyecto El Chaparral se incrementó a más de $700 millones, debe ser el gobierno de Salvador Sánchez Cerén quien rinda cuentas sobre ese monto.
"Si El Chaparral cuesta más de $700 millones esa es responsabilidad de CEL bajo el gobierno de Sánchez Cerén que volvió a licitar el proyecto. A mí que no me metan en ese cuento que no fui yo quien negoció con la empresa que tiene parada la obra. Nayib no tiene de qué acusarme", sostuvo.
El pago a ASTALDI fue autorizado y realizado por la Directiva de CEL, previo dictamen favorable de la Corte de Cuentas. En esa decisión no tengo nada que ver. Es la FGR de Douglas Meléndez la que se inventó un supuesto soborno a mi nombre del que no hay una tan sola evidencia
Bukele, quien aseguró en una conferencia de prensa que pretendía "demoler ese monumento a la corrupción", señaló que la represa El Chaparral costará finalmente al Estado más de $759 millones, que se podrán recuperar con su funcionamiento en unos 45 años.
Apuntó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiará la "auditoría forense para determinar específicamente quienes fueron los que robaron ese dinero".
Funes, quien se desligó de la supuesta malversación, añadió no autorizó un pago de $30 millones que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) realizó para cerrar el contrato con la empresa constructora, dado que "no tenía facultades para hacerlo".
El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo de $108.5 millones, que incluía la cancelación de "la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de $45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica" para el monto extra.
Por este caso, además de Funes, son procesados la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán; el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour; y los representantes de ASTALDI, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini.
