domingo, 16 de enero del 2022

Polémica por el funcionamiento del sistema judicial en Uruguay

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Por Carlos Castillos

Una senadora oficialista, del gobernante Partido Nacional (PN) de Uruguay afirmó públicamente que el sistema de Justicia de Uruguay está infiltrado por la izquierda y que la estatal Universidad de la República es “un centro de adoctrinamiento”.

Las afirmaciones de la senadora Graciela Bianchi, que años atrás integró las filas del progresista “Frente Amplio (FA), generaron inmediatas reacciones, a favor y en contra.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereyra, salieron inmediatamente al cruce, defendieron el sistema y principalmente la independencia del Poder Judicial, establecida en la Constitución del país.

Gómez expresó “profunda oposición a los dichos” y declaró a medios locales que “el sistema judicial uruguayo ha sido ejemplo para varios países, goza de independencia absoluta y los fiscales actúan con objetividad”.

Gómez reivindicó “la plena vigencia del estado de derecho contrario a cualquier tipo de infiltración que puedan mellar el correcto desarrollo de una actividad tan esencial para una sociedad que es la administración de justicia”.

“No habría momento más triste para un magistrado o para un fiscal que ejercer su magisterio, la función que deben cumplir, enfocado en una actividad partidaria, respondiendo a una visión desde un partido político, que son todos respetables, pero la actividad de la justicia, el sistema judicial y los operadores, intentan a hacer lo correcto, que es la aplicación de las leyes con las garantías para todas las personas”, agregó.

El dirigente Fernando Pereyra, electo en diciembre como presidente de la coalición progresista Frente Amplio, comentó que intervenciones como la de Bianchi “colocan humo a las verdaderas preocupaciones de los uruguayos”.

Los dichos de la senadora “atacan la institucionalidad, la independencia de los poderes y las patas con sobre las que se para la democracia uruguaya” ya que “no es una senadora cualquiera, es la primera senadora del gobierno”, recordó Pereyra.

El ex dirigente sindical uruguayo reclamó que “el (gobernante) Partido Nacional tendría que tomar cartas en el asunto para que este humo no impida discutir los temas que son la verdadera preocupación de los uruguayos”.

A fines de diciembre, en un encuentro con militantes de su partido, Bianchi hizo esos polémicos comentarios que esta semana fueron recogidos por un semanario local y sacudieron el clima político, bastante reducido estos días por las vacaciones de verano en el país sudamericano.

“Miren que los fiscales y los jueces —ejercí casi 30 años la abogacía— tienen una percepción de quién está mandando, ¿eh? Entonces, de nosotros depende seguir insistiendo” en cambiar la situación, sostuvo Bianchi, en ese encuentro.

Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) también criticaron a la senadora uruguaya.

 “Si la senadora tiene la convicción de que hay un infiltrado en el Poder Judicial y tiene pruebas, tendría que ir a la Justicia y a la Fiscalía y hacer la denuncia correspondiente. Si no tiene pruebas y esto fue un exabrupto en una conversación, tendría que salir a aclarar sus dichos”, declaró Pablo Elizalde, secretario general de esa organización gremial.

El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, sostuvo que “es ostensiblemente comprobable que esta generalización no corresponde hacerse respecto de los operadores jurídicos del sistema, ya que la Fiscalía, por ejemplo, se trata de un organismo que debe obrar bajo la independencia técnica”.

Para Rosa, la actuación de los fiscales a la hora de resolver un caso concreto debe prescindir de cualquier “presión”, tanto de la institución como de afuera. “Eso rige el principio de los fiscales”, añadió.

Los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitieron un comunicado en el que admiten que “las circunstancias que se han expuesto denotan sin dudas falencias en el funcionamiento de lo que es el sistema de justicia”.

El presidente del gremio de los abogados penalistas, Juan Fagúndez, dijo que sin intenciones de opinar desde “un punto de vista político”, cosa que según aseguró no compete al gremio, sí se expresan desde “un punto de vista científico social” al decir que lo que les interesa es “que las personas no sean sometidas a un proceso desigual, injusto y que tiene que cambiar de una vez por todas”.

La senadora oficialista está en la tercera en la línea de sucesión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, porque fue cabeza de la lista más votada dentro de su partido. Le corresponde asumir la presidencia del país en caso de ausencia del presidente y de la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

Ante las críticas a sus dichos, la senadora Bianchi escribió en redes sociales: “A los que me agreden: ¿Qué nombre tiene el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR? Eso es una prueba irrefutable; una en cientos”, expresó, en referencia a la Universidad de la República.

Ese lugar de la facultad lleva el nombre del comandante Ernesto “Che” Guevara”, el combatiente argentino que luchó con las fuerzas revolucionarias de Cuba hasta la victoria de enero de 1961.

En Uruguay los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son la cabeza del Poder Judicial, necesitan la venia del Congreso para acceder a esos cargos. Y a veces, por razones políticas, algunos nombres son vetados, lo que genera dudas sobre la real independencia de ese Poder.

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Carlos Castillos
Corresponsal en Uruguay y Paraguay
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