El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto, dijo este viernes que será hoy mismo que se envíe el requerimiento de difusión roja a la oficina central de INTERPOL en Francia, en contra del expresidente salvadoreño, Mauricio Funes y su familia asilados en Nicaragua y acusados de malversar más de $351 millones de dólares de fondos públicos entre 2009 y 2014.
“El día de ayer al mediodía recibimos oficialmente la solicitud del juez que lleva la causa para hacer el requerimiento a INTERPOL de la emisión de una difusión roja. Este día, recopilando la información administrativa necesaria, estaríamos enviando a través de la oficina central nacional de INTERPOL del PNC, el requerimiento a Francia”, dijo Cotto tras finalizar una entrevista televisiva.
El pasado 27 de junio, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó orden de captura a escala nacional e internacional en contra del expresdiente salvadoreño, Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán y 13 personas más acusados de participar en la trama denominada “Saqueo público”.
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Según la Fiscalía General de la República (FGR) el juez de paz ha establecido en su resolución que existe, con certeza, “una probable comisión de delitos de parte de los acusados, entre los cuales destaca al expresidente Funes, como uno de los responsables directos de los mismos”.
Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo este viernes en una declaración al medio impreso La Prensa Gráfica, que el proceso de extradición depende de que FGR como CSJ presenten pruebas que a Funes se le procesa penalmente por delitos de corrupción, y que no existe persecución política en su contra.
Si las pruebas son válidas, el asilo político pierde vigor. “Es muy prematuro hablar de todo esto todavía, pero en la mayoría de países el asilo es para personas que de verdad son perseguidos políticos, pero los delitos de corrupción y contra la hacienda pública no son considerados motivos de asilo”, dijo González al referido medio.
Funes y una treintena de personas entre empresarios, algunos de sus familiares y exfuncionarios, son procesados por Lavado de Dinero, Peculado y Encubrimiento al presuntamente desfalcar más de $351 millones de dólares de fondos de gastos reservados de la Presidencia de la República.
