Por Alonso Rosales
Keiko Fujimori finalmente alcanzó la Presidencia del Perú después de cuatro intentos. Lo hizo con un discurso cargado de promesas de seguridad, crecimiento económico y reconciliación nacional. Sin embargo, un discurso, por convincente que parezca, no tiene el poder de borrar la memoria de un país.
En su intervención ante el Congreso habló de combatir la delincuencia con el apoyo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, prometió oportunidades para los jóvenes, pensiones para los adultos mayores y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, según sus detractores, evitó deliberadamente el tema que millones de peruanos esperaban escuchar: un reconocimiento del sufrimiento causado durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori.
No hubo una palabra de perdón para las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta ni para las familias marcadas por los abusos cometidos durante una de las etapas más controvertidas de la historia peruana. Tampoco hubo una reflexión sobre el papel que desempeñó Vladimiro Montesinos en la corrupción del Estado. Para muchos peruanos, esas heridas siguen abiertas y la reconciliación no puede construirse sobre el silencio.
La oposición sostiene que el discurso presidencial repitió una fórmula utilizada con frecuencia por líderes de corte populista: presentar al país como un Estado desordenado heredado de administraciones anteriores para justificar futuras dificultades. Gobernar, sin embargo, significa corregir errores, no convertir el pasado en una explicación permanente de los problemas presentes.
La excanciller alemana Angela Merkel resumió alguna vez una idea que conserva plena vigencia: quien llega al poder fue elegido para resolver los problemas de su país, no para lamentarse indefinidamente de la situación que encontró. Ese principio debería servir como referencia para cualquier gobierno democrático.
Uno de los anuncios centrales fue el despliegue conjunto del Ejército y la Policía para enfrentar al crimen organizado. La delincuencia exige respuestas firmes, pero reducir una estrategia de seguridad a la presencia militar constituye una visión incompleta.
Especialistas en seguridad coinciden en que ningún país ha derrotado al crimen únicamente mediante la fuerza. Se requiere inteligencia policial, investigación criminal, fortalecimiento de fiscales y jueces, combate al lavado de dinero, prevención social, educación, oportunidades laborales y recuperación de comunidades vulnerables. La seguridad sin desarrollo social termina siendo una solución parcial.
El propio Gobierno salvadoreño, frecuentemente citado como referencia regional, continúa complementando las medidas de seguridad con programas de prevención, inversión pública y estrategias económicas. Incluso analistas que respaldan ese modelo sostienen que la reducción sostenible de la violencia depende también de generar oportunidades para la población.
Fujimori prometió además una ofensiva contra la corrupción policial. La intención resulta necesaria, pero también plantea una realidad incómoda: la corrupción existe en mayor o menor medida en prácticamente todos los Estados del mundo. Ningún gobierno puede garantizar que desaparecerá por decreto. Lo que diferencia a una democracia sólida es la existencia de instituciones independientes capaces de investigar, sancionar y prevenir esos delitos, incluso cuando afectan al propio poder.
Otro de los anuncios fue ampliar las pensiones para adultos mayores. Se trata de una política social positiva, aunque no constituye una innovación. Diversos países latinoamericanos han desarrollado programas similares durante años, entre ellos Colombia con reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, así como otras administraciones de diferentes orientaciones ideológicas. Lo importante no es quién propuso primero una medida, sino cómo se financia y si realmente mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
También llamó la atención que la mandataria se presentara como representante de una nueva generación política y hablara de oportunidades para los jóvenes. Con 51 años, el debate no gira en torno a la edad biológica, sino a la renovación política. Lo que los jóvenes peruanos esperan no son discursos sobre juventud, sino acceso a empleos dignos, educación de calidad y posibilidades reales de construir un proyecto de vida en su propio país.
La migración latinoamericana demuestra una realidad difícil de ignorar. Millones de personas no abandonan sus hogares únicamente por la inseguridad; también emigran porque los salarios son insuficientes, la informalidad domina el mercado laboral y las oportunidades económicas son limitadas. La seguridad beneficia a toda la sociedad y genera confianza para invertir, pero por sí sola no elimina la pobreza. Sin empleos bien remunerados, productividad y crecimiento inclusivo, ningún país logra un desarrollo sostenible.
A ello se suma un desafío que apenas ocupó espacio durante la campaña electoral: el fenómeno de El Niño. Perú enfrenta la posibilidad de inundaciones, pérdidas agrícolas y daños a la infraestructura que podrían costar miles de millones de dólares. Esa será una prueba mucho más exigente que cualquier discurso pronunciado ante el Congreso.
Keiko Fujimori recibe un país con mejores perspectivas económicas que varios de sus predecesores, pero también con profundas divisiones políticas y sociales. Su verdadero examen no será la contundencia de sus palabras, sino la eficacia de sus decisiones.
La historia peruana enseña que los gobiernos no se juzgan por la cantidad de promesas formuladas durante la investidura, sino por la capacidad de fortalecer las instituciones democráticas, respetar los derechos humanos, combatir la corrupción sin excepciones y ofrecer un futuro mejor para todos los ciudadanos.
El tiempo dirá si este gobierno representa un punto de inflexión para el Perú o si termina repitiendo los errores que durante décadas han impedido consolidar una democracia plenamente reconciliada con su pasado.
