La Policía Nacional Civil (PNC) reportó ayer la captura de siete personas, presuntamente vinculadas a la planificación de atentados con explosivos en distintos puntos del país, coincidiendo con la toma de posesión del presidente Nayib Bukele el próximo 1 de junio. Según las autoridades, los detenidos son dirigentes de veteranos de guerra y formaban parte de la denominada “Brigada de Insurrección Salvadoreña”.
Los objetivos de estos presuntos ataques incluían gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Entre los detenidos se encuentran Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Además, la PNC identificó a José Santos Melara Yánez, exdiputado del FMLN, como el supuesto financista de estos planes.
En un allanamiento realizado en Guazapa, la Policía asegura haber encontrado diversos explosivos, incluyendo dispositivos con temporizadores y materiales como sulfato de amonio y tubos plásticos rellenos de esquirlas, afirmando que estos explosivos estaban listos para ser utilizados en los mencionados atentados.
El accionar de las autoridades ha sido cuestionado por algunos sectores. En ese sentido, Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado la detención de José Santos Melara, describiéndola como un acto de amedrentamiento y persecución.
De acuerdo al comunicado de esta organización, Melara fue trasladado a una delegación de la PNC “con engaños” y su vivienda permanece bajo custodia policial. La organización resalta que Melara es un activista reconocido por denunciar la corrupción y el deterioro de los derechos humanos en el país.
“Solicitamos el respeto a su integridad fisica, a la salud, al debido proceso, al derecho de defensa, de audiencia, de un juicio justo, de presunción de inocencia y su PRONTA LIBERACION”, se manifiesta en el documento.
Por otra parte, en un comunicado conjunto, Nación Salvadoreña en el Exterior y Diáspora Democrática en Resistencia también condenaron la detención de Melara, exigiendo su liberación inmediata, la información sobre su paradero, y el respeto a su integridad física.
“Denunciamos su captura sin una orden judicial y EXIGIMOS al Gobierno de El Salvador, a Francisco Arriaza, jefe de la Policía Nacional Civil y a Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República, la libertad inmediata de nuestro compañero Pepe”, expresaron.
Las organizaciones llaman a las autoridades salvadoreñas a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los detenidos. La PNC, por su parte, asegura que los individuos serán procesados conforme a la ley por los delitos que se les imputan.
