jueves, 25 abril 2024

Plan de seguridad requiere US$158 millones para 2019

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Para las siguientes fases del plan, Hacienda sigue incluyendo al CESC, así­ como donaciones, préstamos y fondo general.

El financiamiento para las dos fases activas del Plan Control Territorial asciende a un total de US$158 millones en lo que va del año, según el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Nelson Fuentes. Dentro de este paquete va un préstamo que todaví­a no se ha afianzado.

Fuentes, durante la entrevista con Canal 21, señaló que la Fase I del plan gubernamental de seguridad pública ya ha costado US$67 millones. En esta etapa, que inició el 20 de junio en la madrugada, fue que aumentaron el número de policí­as y militares en las calles. Incrementaron, además, los operativos con unidades especializadas y las capturas. También se solicitó el estado de emergencia -incluso máxima emergencia- en los 28 centros penales del paí­s, aunque esta es una decisión de los jueces. Parte de esta etapa incluyó, además, cortar por completo la señal de telefoní­a e internet en los centros penales y sus alrededores. “Ahorta los tenemos encerrados, para que se evite la comunicación con el exterior”, dijo Fuentes. Los recursos para esta fase ya están garantizados hasta diciembre, luego que los diputados aprobaron la propuesta que envió el MH.

El dinero para los bonos y salarios a los militares y policí­as que están destacados en tareas de seguridad pública se desembolsará entre hoy y mañana, aseguró el funcionario. Son US$6 millones para Defensa y otros US$2 millones para Seguridad Pública.

El 2 de julio comenzó la fase II, llamada “Oportunidad”. Aquí­, el paquete esperado de financiamiento es un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económicia (BCIE) por US$200 millones. Todaví­a hace falta tener el permiso del banco mismo, aunque Fuentes confí­a en que se aprobará rápido. Una vez las autoridades del Banco hayan dado el aval, el MH debe acudir dos veces más a la Asamblea hasta que esté aprobado. “Será entre esta y la próxima semana que lo podamos traer (la solicitud a los diputados)”, dijo Fuentes.

El resto del Plan Control Territorial se distribuirá en cinco fases más. Aunque el presidente Nayib Bukele indicó que las siete fases tomarán aproximadamente un año y medio, Fuentes detalló que el respaldo del plan se ha planificado para tres años: de ahí­ salen los US$575 millones, con cuatro diferentes fuentes de recursos. El ministro mencionó, entre esas cuatro, a la contribución especial que se aplica a los servicios de telefoní­a e internet -conocida como CESC-, aunque el presidente Bukele prometió quitar esta contribución cuando todaví­a era candidato.

En el monto total también están incluidos programas para diminuir la migración forzada, para promover la empleabilidad y los emprendimientos (un aporte de la Unión Europea) y mejorar las condiciones en las cárceles, vivienda, entre otros más.

Según el ministro de Hacienda, son nueve objetivos del plan para mejorar la seguridad y reducir la incidencia de delitos. “Lo que buscamos es que esto sea permanente”, comentó. Agregó que “hay que tratar de ser lo más convincentes posibles”.

Hasta el momento, se mantienen optimistas en que los diputados contribuirán con su aprobación. “Si esta estrategia sale con los resultados que necesarios, que son disminuir la inseguridad y la violencia en El Salvador, entonces ese es el disparador automático para que este paí­s crezca. Que venga inversión privada, inversión extranjera. Creo yo que todos debemos apostarle”, dijo Fuentes.

Así­, el ministro señaló que si el paí­s crece entre US$500 millones y US$600 millones en inversión privada al año, eso empujará un 0.6 % o 0.7 % adicional de crecimiento en la producción interna de riqueza. Pero este no es un proceso fácil: que la inversión rinda fruto pasa por una cadena de eventos. Fuentes señaló que, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente hay proyectos esperando el permiso requerido, que juntos, suman US$4,800 millones.

Como último dato, el ministro indicó que este dí­a irán a la Comisión de Hacienda para pedir el aval para un préstamo destinado a las municipalidades, que el Banco Mundial facilitó.

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Redacción ContraPunto
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