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sábado, 18 de septiembre del 2021

Piden agilizar fallo de amparo en caso Roque Dalton

Corte Suprema de Justicia (CSJ) pide a las autoridades del Estado la ampliación del caso de la Ley de Amnistí­a.

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La Fundación Roque Dalton junto a con el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, están solicitando más celeridad a las autoridades estatales en el caso del asesinato del poeta Roque Dalton y un amparo ante la Sala de lo Constitucional que fue interpuerto en mayo pasado y que aún no tiene fallo. 

El 10 de mayo de 1975, el poeta, ensayista y periodista fue perseguido, juzgado y asesinado por sus propios compañeros de armas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco facciones que formaron parte de la extinta guerrilla del Frente Farabundo Martí­ para la Liberación Nacional (FMLN) y hoy convertido en partido polí­tico tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

Benjamí­n Cuéllar manifestó que este tipo de crí­menes no prescriben y existe una gran presión social porque no queden en la impunidad. 

Ha pasado mucho tiempo y hasta la fecha no se ha hecho justicia con la familia de Roque Dalton y en ese sentido continuarán luchando para que este caso no quede en la impunidad.

A su juicio, el mayor obstáculo ha sido la firma de los Acuerdos de Paz y posterior aprobación de la Ley de Amnistí­a porque no permitió juzgar a quienes cometieron crí­menes durante el conflicto interno. 

“En el caso de Roque Dalton es la guerrilla la responsable y se viene exigiendo justicia desde el dí­a que lo asesinaron, justo el Dí­a de la Madre”, explicó Cuéllar. Por eso continuarán luchando porque se haga justicia y el asesinato del poeta no quede impune y se lleve a los responsables ante la justicia. “El Salvador es el reino de la impunidad”, enfatizó Cuéllar. 

El caso de Dalton es responsabilidad de la guerrilla, y el esclarecimiento de su crimen no puede quedar en el olvido, debe llegarse a los culpables y procesarlos. 

El mayo del año pasado presentaron un amparo en la Sala de lo Constitucional y en julio la sala lo admitió; solo la Fiscalí­a ha presentado opinión, el resto de las instituciones no se han presentado. La actual Sala ha pedido informe al Juzgado Noveno de Instrucción y a una Cámara de lo Penal. Han pasado seis meses y el proceso no ha avanzado.

Pedro Martí­nez explicó que simultáneamente han presentado un escrito a la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de mayo para solicitar una prórroga del plazo que fijó la Asamblea Legislativa. La Ley de Amnistí­a para la Reconciliación Nacional fue aprobada el 20 de marzo de 1993. Esta ley fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016.

Dado de que el plazo vence el 13 de julio próximo, los demandantes presentaron un escrito pidiendo una ampliación hasta el 13 de diciembre para que las entidades estatales tenga tiempo para presentar sus propuestas y particularmente que escuchen a las ví­ctimas.

“Esto no se puede hacer sin las ví­ctimas del conflicto armado, porque son las que deben tener la oportunidad de expresarse”, precisó Martí­nez.

A raí­z del escrito entregado al máximo tribunal de justicia del paí­s, se ha ordenado información a la presidencia de la República, Fiscalí­a General, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Defensa Nacional y Asamblea Legislativa. Cabe destacar que la Corte Suprema dio cinco dí­as hábiles los cuales ya vencieron.

Martí­nez agregó que una vez las instancias gubernamentales presentes sus informes, quedará en manos de la Sala de lo Constitucional si se extiende el plazo o da por cerrado el caso sobre la amnistí­a. 

En mayo pasado, los diputados dejaron entrever su interés de aprobar una nueva ley de amnistí­a, según los parlamentarios para resarcir los daños que sufrieron las ví­ctimas en la década de los 80 durante el conflicto armado en el paí­s. 

Aunque la normativa en mención solo requiere de 43 votos, debe de ser sancionada por el presidente de la República Nayib Bukele. Por el momento, la discusión de esta legislación se encuentra detenida y la subcomisión que fue creada para tal fin no se ha reunido.

Martí­nez expuso que la Corte de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha visto con buenos ojos esta iniciativa de aprobar una nueva ley de amnistí­a porque da la impresión de que se quiere perpetuar la impunidad, recalcó el representante del Laboratorio de Investigación y Acción Social. 

Queda claro que si los diputados llegaran a aprobar una nueva normativa de amnistí­a, cabe la posibilidad de que el presidente Bukele la vete y pase a la Sala de lo Constitucional y a partir de ese momento, se podrí­a presentar una demanda de inconstitucionalidad, dijo Martí­nez.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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