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PGR no logra ver los arrestos arbitrarios en el régimen de excepción

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La PGR asegura que no ha recibido ninguna denuncia de capturados arbitrariamente, pero organizaciones sociales y población han desmentido a la institución.

René Gustavo Escobar Álvarez, procurador general de la República, aseguró que no han logrado detectar ningún caso de arrestos arbitrarios en territorio salvadoreño, durante los casi tres meses que el gobierno impuso el régimen de excepción, respaldado por la Asamblea Legislativa dominada por su partido Nuevas Ideas y aliados.

Escobar Álvarez confesó, que no han recibido “ni una tan sola” denuncia de irregularidades cometidas por las fuerzas represivas públicas.

“He recibido a una serie de organizaciones en las que alegan las detenciones arbitrarias y, hasta este día, y te lo digo de la manera más sincera, se los he dicho: ‘si ustedes conocen de alguna (detención arbitraria) por favor tráiganla, y le vamos a dar un seguimiento, y le vamos a hacer una investigación aún más exhaustiva’, y hasta este día no he recibido ni una tan sola de esas supuestas detenciones arbitrarias”, dijo el procurador en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

De hecho, varios ciudadanos han tocado las puertas de la PGR, tal como lo ha constatado Contrapunto en las afueras de los centros penales de Izalco, Sonsonate, y “La Esperanza”, en San Salvador.

Un equipo de este medio conversó con las personas afectadas, quienes aseguraron que han recurrido a la procuraduría general, muchos de ellos se encuentran en investigación mientras los “menos afortunados” se topan con personal prepotente que les dicen que no pueden hacer nada.

También existen denuncias que se debe esperar hasta 30 días para conocer la información de los procesos judiciales, cuando inicialmente, la Procuraduría brindaba información de las personas luego de 15 días de la captura, o en otros casos son remitidos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Respecto a esta última institución, muy poco personero ha llegado a atender estos casos y ha transcendido que algunos habrían sido coartados para evitar facilitar el apoyo a los familiares de los detenidos de forma irregular.

Esta problemática parte desde el 27 de marzo, cuando el gobierno apoyado por su bancada legislativa acordó instalar el estado de excepción, en respuesta al alza de homicidios que los pandilleros realizaron del 25 al 27 de marzo, dejando un saldo fatal de más de 85 homicidios a escala nacional.

De los casos que no ve la PGR, los defensores de los derechos humanos han logrado detectar más de mil denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades salvadoreñas, que en su mayoría terminan con una detención arbitraria.

Al ser cuestionado sobre esta situación, insistió que “no puedo decir si existen o no”, pero “lo que sí puedo decir es que he estado con estas organizaciones que alegan que hay una cantidad de detenciones, pero yo les he dicho: ‘vengan a mí, y yo con mucho gusto voy a darles seguimiento’, y no han venido”.

“Te quedas pensando que si esto realmente es o no cierto, puede que haya (arrestos ilegales) y estamos en la disponibilidad de iniciar investigaciones”, agregó.

Sobre esto, Gabriela Santos, directora de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas de la UCA y Erika Saldaña, coordinadora de monitoreo de FundaUngo, coinciden en que la PGR ha sobrepasado sus capacidades y el nuevo titular de la Procuraduría debe trabajar por mejorar las condiciones y funcionabilidad institucional para garantizar el derecho a la defensa.

La Procuraduría General de la República cuenta con más de 200 defensores públicos. De acuerdo con el abogado Milton Portillo, en el marco del Régimen de Excepción se han capturado a más de 40 mil personas, es cuestionable y complicada la calidad del trabajo del defensor.

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que el régimen de excepción “ha aumentado el riesgo de detención arbitraria” en El Salvador.

De acuerdo con el procurador, la defensa técnica “se ha garantizado al 100 % de los detenidos” durante el régimen, ampliando las contrataciones y subcontrataciones de servicios profesionales. A los 265 abogados de la PGR, se han sumado 36 personas más.

Esta cifra indica que, en promedio, cada defensor público tiene a su cargo al menos 133 casos.

Al ser cuestionado si considera que esta cifra es demasiado elevada para un solo abogado, el procurador general aseguró que “esto ya viene desde hace mucho tiempo”, y que “no es primera vez que a un defensor público le toca representar a una cantidad considerable (de personas) en una sola audiencia”.

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Carlos Francisco Hernández
Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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