Eso mismo es lo que, al parecer, está sufriendo el sistema de partidos políticos en nuestro país: una reconversión perversa, una lamentable mutación que, poco a poco, lo va convirtiendo en una intrincada red de logias mafiosas y delincuenciales, ligadas estrecha o paralelamente con el crimen organizado, tanto a nivel nacional como al internacional.
El fenómeno no es nuevo pero nunca había tenido un carácter tan amplio y constante. Cada vez son más los integrantes de la mal llamada “clase” política que se ven involucrados en actividades delictivas de todo tipo, que van desde el abierto y descarado saqueo de los fondos públicos hasta la participación directa en las operaciones del tráfico de drogas. Narcotraficantes, corruptos, tramitadores de influencias, funcionarios tan venales como ambiciosos, pululan por doquier y controlan eslabones clave dentro del Estado y dentro del sistema de partidos en general. Son los “nuevos ricos” del escenario político; los antiguos y apacibles ciudadanos transformados de pronto, por la gracia e ingenuidad de sus vecinos en flamantes alcaldes del pueblo; los caudillos regionales que controlan las estructuras orgánicas del partido en sus respectivas zonas de influencia; los autodenominados dirigentes nacionales que manipulan a su antojo las cúpulas partidarias y toman las decisiones en nombre de una real o supuesta militancia de base… en fin.
Algunos de estos personajes no tienen forzosamente una figuración pública notable, pero siempre, o casi siempre, actúan bajo el padrinazgo solícito de algún político reconocido o a la sombra de cierta influencia partidaria. Son los hombres y mujeres que “le entienden al trámite”, “que se las saben todas” y que tienen los contactos debidos en los sitios apropiados… “los que saben en donde invernan los cangrejos”, como solía decirse en la vieja Rusia zarista.
Esos siniestros actores desnaturalizan la función de los partidos políticos y anulan el rol de mediación que éstos deben desempeñar entre la sociedad y el Estado. Erosionan el papel de intermediación de las asociaciones políticas y mutilan su legitimidad social. Son, en buena medida, generadores adicionales de la grave crisis de representatividad y de la creciente desafección social que sufren muchos partidos en América Latina. Son fuente de desencanto y frustración en la sociedad hondureña. Son negación real de la participación ciudadana en la vida política del país.
Cada vez que uno de estos personajes aparece en la ya larga lista de los ciudadanos extraditados hacia los Estados Unidos, el ciudadano común y corriente, el hombre de a pié, celebra con discreta y cautelosa alegría la caída de otro más, una nueva baja en la pandilla de los corruptos y criminales disfrazados de políticos, funcionarios, militares, policías, empresarios o banqueros. Celebra que sea la justicia extranjera la que les ajuste las cuentas, porque hace mucho ha dejado de creer en la justicia local.
Todos los partidos, en mayor o menor cantidad, cuentan entre sus filas con personajes semejantes. Pero, sin duda, son más dañinos y beligerantes aquellos que pertenecen al partido que gobierna. Gracias a la visión patrimonial del Estado, que faculta y estimula la repartición de las cuotas de poder entre grupos y facciones dentro del gobierno, los delincuentes se distribuyen por todos los rincones y eslabones de los Poderes del Estado, repartiéndose las influencias y los ansiados islotes de poder dentro del inmenso archipiélago gubernamental.
De esta forma, el partido político se va convirtiendo, poco a poco, casi sin darse cuenta, en una especie de telaraña criminal que extiende sus hilos por todos lados en un afán desmedido por capturar en sus redes los engranajes del Estado. Al final, el aparato gubernamental, los mecanismos judiciales, los operadores de los sistemas de seguridad y defensa, el aparato que legisla y los medios de comunicación previamente cooptados, terminan sirviendo, voluntaria o involuntariamente, a los intereses y urgencias del crimen organizado. Es el secuestro del Estado, la captura de sus organismos fundamentales, es la antesala del Estado fallido y criminal.
Esta reconversión perversa representa un grave reto para la sociedad hondureña y un desafío mayor para aquellos políticos que todavía no forman ni quieren formar parte de las redes criminales que, hoy por hoy, han infiltrado al Estado. Esta mutación siniestra y peligrosa es la negación misma del sistema de partidos y, por lo mismo, la amenaza más directa a la construcción democrática en Honduras. Es, en el fondo, una amenaza de nuevo tipo para la seguridad nacional.
