Actualmente en El Salvador no existe un instrumento legal que ampare la inserción de este grupo de la población en todos los sectores del país, razón por la cual diversos sectores se han unido para pedir por la aprobación del anteproyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Mesa Permanente para los Derechos de las Personas con Discapacidad lanzaron campaña “Voto por la Inclusión”, con la que pretenden sensibilizar a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben la ley.
Fue el 3 de diciembre del año 2015, Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, que organizaciones que velan por sus derechos hicieron entrega oficial del anteproyecto.
El documento se encuentra en comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de ese Órgano de Estado, sin vislumbrar avances, según informó la PDDH.
En el país ya existe Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, sin embargo el nuevo anteproyecto fue presentado, según la Mesa, porque no corresponde al enfoque de derechos humanos por ser anterior a la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo dijo que una de las deficiencias que encontró es la falta de datos que den cuenta de cuántas personas con discapacidad viven en El Salvador. Asimismo lamentó que no haya datos que reflejen cuántas personas con discapacidad trabajan dentro de entidades públicas y privadas.
En 2013, el relator especial sobre Discapacidad de las Naciones Unidas,Shybe Chalklen, visitó El Salvador y evaluó los avances en materia de inclusión a las personas con discapacidad, aseguró que El Salvador iba por buen camino para hacer valer sus derechos.
Sin embargo insto al Estado a recopilar más información sobre las personas con discapacidad, especialmente sobre cuántos tienen un empleo formal, además expresó la necesidad de armonizar la legislación interna con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En 2014, el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, dijo en un acto público que “el país está en deuda con las personas con discapacidad” y se comprometió a saldarla y a generar espacios inclusivos para este sector, que según datos de la PDDH suman el cuatro por ciento del total de la población, sin embargo no hay un censo poblacional que dé cuenta de ello.
