Luego que el presidente Nayib Bukele, militarizara el domingo pasado la Asamblea Legislativa e hiciera un llamado a la insurrección, ha metido en líos al país con las calificadoras de riesgo que han comenzado a hacer sus propias evaluaciones.
Aunque pareciera que el ambiente político está volviendo a la normalidad, lo cierto es que las señales son diferentes.
Hay actores de la vida nacional que se han empecinado en mantener un ambiente tenso, como es el caso del cuestionado expresidente de la Asamblea, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Walter Araujo, que se ha dedicado en los últimos días a instigar a la insurrección, ha convocando para el domingo a seguidores de Nuevas Ideas (NI), para que presionen a los diputados y aprueben los $109 millones que necesita la Presidencia para continuar con la fase 3 del Plan Control Territorial.
El subjefe del grupo parlamentario del FMLN, Jorge Schafick Handal, aclaró que en la reunión que sostuvieron con el fiscal, se mencionó a Araujo, de cómo está incitando a que siga la inestabilidad al llamar a la insurrección.
“Es un delito continuado el que está haciendo, llamando a la violencia, incluso, hasta salimos mencionados en algunas publicaciones muy subjetivas de ‘maten a este’ y en donde aparece el diputado de ARENA, Carlos Reyes y yo”.
El demócrata Cristiano Rodolfo Parker, cree que no vale la pena que la Fiscalía gaste energía y recursos en declaraciones de esa persona (Araujo), es alguien que no vale la pena.
Al fiscal se le pidió que actúe con la celeridad que el caso amerita, porque el presidente Bukele sigue menospreciando a todos los Órganos de Estado…”ustedes son testigos como se ha referido a las medidas cautelares que impuso la Sala de lo Constitucional y prácticamente fue el primero en reaccionar diciendo ‘me vale chonga, vamos a seguir’ y hasta se burla a través de un tuit del trabajo del Ministerio Público”.
Handal añade que parece que en el Ejecutivo hay dos posiciones, los que le dicen que se calme presidente y el berrinche que sigue manteniendo el aprendiz de dictador de cuarta categoría que es el presidente”.
El jefe del grupo parlamentario de ARENA, Carlos Reyes, comentó que el fiscal Raúl Melara les informo que todos los diputados que estuvieron cuando el Ejército incursionó en la Asamblea podrían ser llamados a declarar en el Ministerio Público como testigos.
Reynaldo Cardoza, del PCN confirmó que en efecto, “dos diputadas fueron perseguidas, llegaron a sus viviendas y de sus familiares”. Se refirió a Cristina Cornejo del FMLN y Paty Valdivieso de ARENA.
Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), comentó que según Cardoza, hubo actos de imposición y de fuerza para que el recinto legislativo fuera abierto para que ingresara la Fuerza armada y la PNC.
Estima que el presidente Bukele no está actuando con prudencia. “Por ejemplo, ha dicho que se necesita un buque para combatir el narcotráfico, ahora, si se trata de combatir las pandillas, solo que el buque lo ponga en el Río Las Cañas. El presidente a cada rato dice cosas sin sentido”.
El diputado de GANA, Numan Pompilio Salgado, no ve ningún problema y es más, se atreve a decir que quienes opinan no estuvieron ni presentes en el pleno el fin de semana. ARENA y el FMLN han opinado porque son testigos de referencia.
Acotó que no había seguridad en la Asamblea y por tanto, fue necesario activar los protocolos para garantizar la seguridad del presidente de la República.
Lo que se le pasa por alto a este parlamentario es que, por órdenes del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, la seguridad del Parlamento fue prácticamente apartada y quienes tomaron control de las instalaciones fue el Ejército y la PNC.
Para el político de GANA, quienes ingresaron hasta los curules de los diputados fueron los periodistas, “cosa que nunca se había visto en esta Asamblea Legislativa, después ingresó el ejército y por último la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que al ver que todo estaba tranquilo se retiraron. En el pleno solo quedaron miembros de la Fuerza Armada, que prestaron seguridad al presidente Bukele.
Cuando se retiró, también hicieron lo mismo los militares, quedando en el pleno los diputados y periodistas.
“Aclaro, no había ninguna seguridad por parte de la Asamblea Legislativa, prueba de ello es que los medios de comunicación ingresaron hasta los curules de los diputados, cuando ustedes saben que hay restricciones para ingresar a los curules”.
Pero esta opinión contrasta con la posición del diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, encargado de la seguridad del Palacio Legislativo.
Si bien, existe un convenio entre la Asamblea y la PNC en materia de seguridad, en ningún momento hay un apartado que indique que los agentes pueden ingresar al Salón Azul, aclaró Cardoza. Es más, dado que la PNC y el Ejército ingresaron a las instalaciones del Palacio Legislativo, se vieron en la necesidad de retirar a los agentes tanto del PPI como de la seguridad institucional, que tuvo que ser replegada.
El diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático (CD), sostiene que "hay que buscar mecanismo para resolver esta crisis y no estarle echando leña al fuego", pero consideró que la crisis se mantiene”.
Este embrollo comenzó cuando el Consejo de Ministros liderado por el presidente Nukele acordó con base al artículo 167, ordinal 7, “Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
Luego, los diputados le respondieron a Bukele que convocar al pleno el domingo por el préstamo de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial “no constituye emergencia constitucional”.
Esto, encendió más los ánimos del mandatario y sentenció que si los parlamentarios no asistían, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución.
El artículo 87 de la ley primaria de nuestro país establece que: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.
El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, emplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución.
Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución”.
Los llamados a la insurrección del presidente Bukele no son nuevos. En julio de 2018 cuando era candidato presidencial por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), sostuvo que no toleraría otro bloqueo a su candidatura presidencial, y advirtió que ante cualquier indicio de obstaculizar sus aspiraciones presidenciales, llamaría a la insurrección social.
Crisis política puede afectar calificación de riesgo
Para este jueves, se tenía previsto en la Asamblea, la visita de Moody’s y Fitch Ratings, pero a última hora se reprogramó para la otra semana.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, explicó que la intervención militar al Congreso ordenada por Nayib Bukele la calificación de riesgo en el país ha aumentado y los inversores comienzan a tener sus dudas sobre la seguridad jurídica.
“De hecho, los bonos del Estado salvadoreño han caído estrepitosamente, producto de los incidentes del domingo. Las calificadoras deben estar haciendo su propio análisis y probablemente se reúnan con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva (BCR), sector empresarial y al final la clase política”, precisó el diputado presidente.
En eso coincide el efemelenista Handal. Ya hay problemas con los Eurobonos que han tenido un impacto por la situación provocada por Bukele.
“Hoy estaba viendo que bajó un dólar y alguien puede decir, es solo un dólar, pero para los inversionistas, un centavo que pierdan es un indicio de que podría haber un impacto de continuar la situación de cómo está por las acciones irresponsables”.
El pedecista Parker también coincide en que una preocupación es que caigan los títulos soberanos del país en los mercados. “Eso es grave porque quien paga los platos rotos es el pueblo y particularmente los más vulnerables
Fiscalía General inicia investigación de oficio
Raúl Melara, fiscal General de la República, ha comenzado una línea de investigación y ha solicitado imágenes y videos para tener una idea de lo ocurrido.
También llamará a los diputados que estuvieron presentes el día de los incidentes, indicó el presidente del Congreso.
El fiscal, se reunió este día con la Comisión Política y la Junta Directiva para tener pormenores de los acontecimientos del fin de semana.
“La Comisión Política de la Asamblea me ha invitado para que pueda rendir un informe de lo que estamos haciendo con respecto a los sucesos del pasado domingo. Se ratificó que hemos abierto los expedientes y también le estamos dando trámite al aviso que presentó la Asamblea y haciendo depuración de la información”.
Melara advierte que es aventurado hablar de un cometimiento de delito, pero sí hubo exceso de fuerza y se va a dar con los responsables.
Tiene bien definido que toda persona tiene derecho a manifestarse, lo que no se puede hacer es incitando a la violencia, alterar el Estado de Derecho y atentar contra las instituciones y por tanto, no van a permitir que se cometan abusos en ese sentido.
“Lo que nos ha pedido es que colaboremos y que pongamos a disposición cualquier información que pueda ayudar a deducir responsabilidades y llevar a los responsables a la justicia, indicó Ponce.
El efemelenista Jorge Schafick Handal, considera que con esta coyuntura el fiscal Melara puede salir muy fortalecido si hace cumplir la ley, o por el contrario, que no hizo nada.
“Él respondió que le tuviéramos confianza y que va a cumplir lo que le mandata su cargo y va a culminar con la investigación hasta llegar a los involucrados”.
El diputado pecenista, Reynaldo Cardoza, explicó que si el Ministerio Público lo llama, dará detalles de lo que pasó el domingo.
Interpelación será el sábado 15
A pesar que Ponce sugirió que el proceso de interpelación contra el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez; y la ministra de Salud, Ana Orellana se llevará a cabo el 29 de este mes, ARENA y el FMLN no quieren dar compás de espera y por tanto, este sábado, los dos funcionarios serán interrogados por los parlamentarios por la contaminación de agua potable que afectó a la población del Área Metropolitana de San Salvador, por el ingreso de algas en la planta potabilizadora de Las Pavas, a mediados de enero.
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), dejó claro que no ha recibido presiones de nadie; eso incluye al Ejecutivo.
Pero hay más. El FMLN quiere interpelar al ministro de Defensa, René Monroy Merino y al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.
Y plantean la creación de una comisión especial que investigue lo actuado por los titulares mencionados, incluyendo al director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas.
Senadores llaman al diálogo pacífico
Los senadores estadounidenses Bob Menéndez (DN.J.) y Jim Risch (R-Idaho), miembro de rango y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicaron la siguiente declaración en respuesta a una disputa entre el presidente y la Asamblea Legislativa: “Estados Unidos y El Salvador disfrutan de una asociación histórica, y apoyamos firmemente la continua cooperación económica y de seguridad entre nuestros dos países. Sin embargo, seguimos profundamente preocupados por el despliegue de las Fuerzas Armadas del presidente Bukele para abordar una disputa política con los legisladores.
"Tomamos nota de la promesa posterior del presidente Bukele de respetar la orden de la Corte Suprema de abstenerse de usar las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a las normas constitucionales establecidas, y continuaremos monitoreando la situación. Nos unimos al embajador de los Estados Unidos Johnson para pedir un diálogo pacífico entre los actores políticos y el respeto a la independencia de las instituciones democráticas mientras los salvadoreños buscan construir un país más seguro y próspero".
