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sábado, 31 de julio del 2021

Persecución y muerte rondan a activistas ambientales

En 2009 cuatro ambientalistas salvadoreños fueron asesinados. Este año Berta Cáceres, defensora hondureña, fue ultimada

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Amenazas, persecución, criminalización y hasta la muerte es el precio que activistas ambientales deben pagar si su objetivo es defender los recursos naturales de la depredación de las grandes empresas, mismas que solo ven a la naturaleza como una mercancí­a,  así­ lo expuso  Luis González, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

“En todo el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) por las problemáticas que se dan por los recursos naturales, los defensores de derechos ambientales y humanos son objetos de persecuciones y de violencia”, dijo González.

González, también activista ambiental, señaló que el interés económico-mercantilista de los bienes naturales es lo que hace que cierta empresas apuesten a compras de voluntades, a generar corrupción en las instancias tomadoras de decisiones, y, en última instancia, decididan desaparecer a lí­deres y lideresas que estén en contra de sus intereses.  

“Las empresas quieren privatizar los recursos a costa de lo que sea;  todos aquellos que se oponen a ver los recursos naturales como mercancí­as son vulnerables a ser criminalizados, perseguidos y hasta asesinados”, expresó el ambientalista.

Casos emblemáticos de Honduras y El Salvador

Las declaraciones de González se apegan a la realidad de paí­ses como El Salvador y Honduras. Fue en este último paí­s, que a inicios de marzo fue asesinada Berta Cáceres, una reconocida defensora de los derechos humanos y ambientales en Honduras. Ella era lí­der de la comunidad indí­gena lenca y movimientos campesinos como el Consejo de Pueblos Indí­genas de Honduras (Copinh) y fue ultimada en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras.

Cáceres habí­a sido galardona con el premio medioambiental Goldman en 2015, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Durante su discurso denunció que "me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos", expuso.  

Por este asesinato fueron capturados el pasado 2 de mayo cuatro personas.  Entre los capturados se encuentra un ejecutivo de la compañí­a que impulsaba el proyecto hidroeléctrico al que se oponí­a Cáceres, informó la fiscalí­a hondureña. Otro de los arrestados habrí­a trabajado años antes como guardia de seguridad en la compañí­a. Mientras que otros dos de los presuntos asesinos, según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Lenin González, son militares, uno activo y el otro en retiro.

Mientras que en El Salvador, en 2009  fue asesinado Marcelo Rivera, un reconocido activista ambiental. Rivera estuvo desaparecido durante tres semanas y su cuerpo fue encontrado con señales de tortura. Representantes del movimiento ecologista de Cabañas afirmaron en ese entonces que él fue ví­ctima de persecución y amenazas en los meses previos a su homicidio.

Rivera, al momento de desaparecer ““el jueves 18 de junio de 2009″“ se desempeñaba como Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, represente legal de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), miembro de la Mesa Nacional frente la Minerí­a Metálica e integrante de la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.

Ese año también fueron ultimados lo ambientalistas Dora Sorto, quien estaba embarazada, y Ramiro Rivera.  Otro homicidio fue en junio de 2011 y la ví­ctima fue Juan Francisco Durán Ayala, quien pertenecí­a  al Comité Ambiental de Cabañas (CAC), la entidad que más ha trabajado en oposición al proyecto minero El Dorado que quiso iniciar la multinacional minera canadiense Pacific Rim. A diferencia del caso de la hondureña, en El Salvador no hay capturas relacionadas a los asesinatos.

“Lo de Berta cobro relevancia, al igual que lo de Marcelo, porque eran lí­deres muy reconocidos de los movimiento indí­genas ambientales tanto en honduras como de El Salvador, pero como ellos hay muchas personas que son perseguidas y mueren por defender los derechos humanos y ambientales. Lo que pasa es que muchos son catalogados como crí­menes cometidos por delincuencia común”, dijo el representante de la UNES.

Gonzáles hizo un llamado para que las autoridades no confundan este tipo de crí­menes con la delincuencia común, para que así­ se rompa el ciclo de impunidad que ronda este tipo de casos. Además instó a que se investiguen las verdaderas causas que motivan este tipo de homicidios y hostigamientos en contra de los defensores ambientales.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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