Amenazas, persecución, criminalización y hasta la muerte es el precio que activistas ambientales deben pagar si su objetivo es defender los recursos naturales de la depredación de las grandes empresas, mismas que solo ven a la naturaleza como una mercancía, así lo expuso Luis González, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
“En todo el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) por las problemáticas que se dan por los recursos naturales, los defensores de derechos ambientales y humanos son objetos de persecuciones y de violencia”, dijo González.
González, también activista ambiental, señaló que el interés económico-mercantilista de los bienes naturales es lo que hace que cierta empresas apuesten a compras de voluntades, a generar corrupción en las instancias tomadoras de decisiones, y, en última instancia, decididan desaparecer a líderes y lideresas que estén en contra de sus intereses.
“Las empresas quieren privatizar los recursos a costa de lo que sea; todos aquellos que se oponen a ver los recursos naturales como mercancías son vulnerables a ser criminalizados, perseguidos y hasta asesinados”, expresó el ambientalista.
Casos emblemáticos de Honduras y El Salvador
Las declaraciones de González se apegan a la realidad de países como El Salvador y Honduras. Fue en este último país, que a inicios de marzo fue asesinada Berta Cáceres, una reconocida defensora de los derechos humanos y ambientales en Honduras. Ella era líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos como el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh) y fue ultimada en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras.
Cáceres había sido galardona con el premio medioambiental Goldman en 2015, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Durante su discurso denunció que "me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos", expuso.
Por este asesinato fueron capturados el pasado 2 de mayo cuatro personas. Entre los capturados se encuentra un ejecutivo de la compañía que impulsaba el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres, informó la fiscalía hondureña. Otro de los arrestados habría trabajado años antes como guardia de seguridad en la compañía. Mientras que otros dos de los presuntos asesinos, según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Lenin González, son militares, uno activo y el otro en retiro.
Mientras que en El Salvador, en 2009 fue asesinado Marcelo Rivera, un reconocido activista ambiental. Rivera estuvo desaparecido durante tres semanas y su cuerpo fue encontrado con señales de tortura. Representantes del movimiento ecologista de Cabañas afirmaron en ese entonces que él fue víctima de persecución y amenazas en los meses previos a su homicidio.
Rivera, al momento de desaparecer ““el jueves 18 de junio de 2009″“ se desempeñaba como Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, represente legal de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), miembro de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica e integrante de la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.
Ese año también fueron ultimados lo ambientalistas Dora Sorto, quien estaba embarazada, y Ramiro Rivera. Otro homicidio fue en junio de 2011 y la víctima fue Juan Francisco Durán Ayala, quien pertenecía al Comité Ambiental de Cabañas (CAC), la entidad que más ha trabajado en oposición al proyecto minero El Dorado que quiso iniciar la multinacional minera canadiense Pacific Rim. A diferencia del caso de la hondureña, en El Salvador no hay capturas relacionadas a los asesinatos.
“Lo de Berta cobro relevancia, al igual que lo de Marcelo, porque eran líderes muy reconocidos de los movimiento indígenas ambientales tanto en honduras como de El Salvador, pero como ellos hay muchas personas que son perseguidas y mueren por defender los derechos humanos y ambientales. Lo que pasa es que muchos son catalogados como crímenes cometidos por delincuencia común”, dijo el representante de la UNES.
Gonzáles hizo un llamado para que las autoridades no confundan este tipo de crímenes con la delincuencia común, para que así se rompa el ciclo de impunidad que ronda este tipo de casos. Además instó a que se investiguen las verdaderas causas que motivan este tipo de homicidios y hostigamientos en contra de los defensores ambientales.
