Nelson López Rojas
Para entender qué busca Donald Trump en Venezuela conviene comenzar con una analogía aparentemente trivial, pero profundamente reveladora. Una amiga me invita a perrear esta noche. Le confieso que, a mi edad, ya no necesito ir a antros a “conseguir” mujeres. Ella me responde: «No vamos a la disco a conseguir hombres para sexo». Par favar. La aclaración resulta casi ofensiva. Todos sabemos a qué se va a un antro. Negarlo es autoengaño, no es inocencia ni ingenuidad.
En política internacional ocurre algo similar. Cuando se afirma que Donald Trump no está interesado en Venezuela por su petróleo, sino por un compromiso abstracto con la democracia, la respuesta adecuada es la misma: par favar, no seamos ilusos.
Desde una perspectiva latinoamericanista, la política exterior de Estados Unidos hacia la región ha estado históricamente guiada menos por valores universales que por obvios intereses materiales. Cambian los discursos, cambian los presidentes, pero la lógica estructural permanece. En el caso de Trump, esa continuidad se vuelve particularmente explícita —como es su estilo— incluso despojada del lenguaje liberal que durante décadas intentó maquillar el intervencionismo bajo nociones como “promoción democrática” o “responsabilidad humanitaria”. Hay que recordar la falacia de las armas de destrucción masiva que llevaron a la invasión de Iraq.
Conviene aclarar un punto central en mi interpretación de los hechos como latinoamericanista, pues el no ser fan de Nicolás Maduro no implica renunciar al debido proceso, ni aquí ni en Venezuela. Esta distinción, elemental en cualquier Estado de derecho, suele evaporarse cuando se trata de países del Sur Global. La crítica a un gobierno autoritario no justifica las bombas ni el secuestro de Maduro; tampoco habilita la suspensión selectiva del derecho internacional, ni explica sanciones, bloqueos o amenazas de intervención que castigan de manera colectiva a la población civil. Defender el debido proceso es defender una regla mínima sin la cual el orden internacional se convierte en una relación de un matón de escuela con el niño flacucho que lleva merienda.
Si a la administración Trump le interesara genuinamente la democracia como principio rector, el mapa de sus prioridades sería radicalmente distinto. Ahí está Nicaragua que vive bajo un régimen autoritario consolidado; Haití atraviesa una crisis institucional extrema; Cuba mantiene un sistema político cerrado desde hace décadas. Ninguno de estos casos ha provocado una ofensiva diplomática, económica y simbólica comparable a la desplegada contra Venezuela. La diferencia es geológica, pues ninguno de estos otros paisitos tiene petróleo. Nada tiene que ver la moral ni la ideología.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Esa cifra explica mejor que cualquier informe sobre derechos humanos su centralidad en la agenda de Washington. El petróleo, aparte de ser una mercancía estratégica, tiene la peculiaridad de ser un instrumento de poder en un contexto de competencia global por recursos energéticos. Desde esta óptica, Venezuela no aparece como un “caso humanitario”, sino como un activo estratégico mal administrado por un adversario político.
La selectividad moral de esta política se vuelve aún más evidente cuando se contrastan ciertos episodios que incomodan el relato dominante. Entre 2005 y 2009, el gobierno de Hugo Chávez, a través de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, implementó programas humanitarios de suministro de combustible para calefacción a bajo costo —y, en algunos casos, donaciones directas— destinados a familias de bajos ingresos en ciudades como Nueva York, Boston y el Bronx. La Casa Blanca, sectores políticos y mediáticos estadounidenses, lejos de leerlo como un gesto humanitario en un contexto de pobreza energética, denunciaron que el programa era una provocación ideológica o una maniobra propagandística. El problema no era el acto, sino Chávez, cuya frase favorita era el “imperialismo yanki”. Y es que no era posible que un gobierno latinoamericano auxiliara a poblaciones vulnerables dentro del propio Estados Unidos, la potencia global. Esto desestabilizaba el orden simbólico tradicional de quién puede dar y quién debe recibir.
Este episodio adquiere mayor densidad analítica cuando se lo vincula con las críticas formuladas desde dentro del propio sistema político estadounidense. El senador Bernie Sanders ha señalado de manera reiterada que Donald Trump ha mostrado un desprecio abierto por el Estado de derecho, al amenazar o impulsar acciones contra Venezuela sin autorización del Congreso, excediendo las atribuciones que la Constitución de los Estados Unidos otorga al Poder Ejecutivo y entrando en tensión directa con el derecho internacional. Desde esta perspectiva, la intervención, aparte de ya ser problemática para América Latina, constituye una erosión del orden constitucional estadounidense.
Leídos en conjunto, el rechazo visceral al gesto de Chávez y la advertencia jurídica de Sanders revelan una misma matriz histórica. América Latina sigue siendo concebida como espacio de intervención legítima, pero no como sujeto político ni moral equivalente. La apelación a la democracia funciona como lenguaje legitimador, no como principio operativo. Esta lógica remite directamente a la Doctrina Monroe y a los capítulos más oscuros del intervencionismo estadounidense en la región, donde la excepción jurídica se normaliza y la soberanía ajena se vuelve contingente. Convendría releer a Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina.
Esto es así como en el antro, pues nadie va por lo que dice ir. Y quien insiste en creérselo no es simplemente ingenuo, sino que participa activamente del autoengaño que sostiene una política exterior tan cínica como predecible.Para entender qué busca Donald Trump en Venezuela conviene comenzar con una analogía aparentemente trivial, pero profundamente reveladora. Una amiga me invita a perrear esta noche. Le confieso que, a mi edad, ya no necesito ir a antros a “conseguir” mujeres. Ella me responde: «No vamos a la disco a conseguir hombres para sexo». Par favar. La aclaración resulta casi ofensiva. Todos sabemos a qué se va a un antro. Negarlo es autoengaño, no es inocencia ni ingenuidad.
En política internacional ocurre algo similar. Cuando se afirma que Donald Trump no está interesado en Venezuela por su petróleo, sino por un compromiso abstracto con la democracia, la respuesta adecuada es la misma: par favar, no seamos ilusos.
Desde una perspectiva latinoamericanista, la política exterior de Estados Unidos hacia la región ha estado históricamente guiada menos por valores universales que por obvios intereses materiales. Cambian los discursos, cambian los presidentes, pero la lógica estructural permanece. En el caso de Trump, esa continuidad se vuelve particularmente explícita —como es su estilo— incluso despojada del lenguaje liberal que durante décadas intentó maquillar el intervencionismo bajo nociones como “promoción democrática” o “responsabilidad humanitaria”. Hay que recordar la falacia de las armas de destrucción masiva que llevaron a la invasión de Iraq.
Conviene aclarar un punto central en mi interpretación de los hechos como latinoamericanista, pues el no ser fan de Nicolás Maduro no implica renunciar al debido proceso, ni aquí ni en Venezuela. Esta distinción, elemental en cualquier Estado de derecho, suele evaporarse cuando se trata de países del Sur Global. La crítica a un gobierno autoritario no justifica las bombas ni el secuestro de Maduro; tampoco habilita la suspensión selectiva del derecho internacional, ni explica sanciones, bloqueos o amenazas de intervención que castigan de manera colectiva a la población civil. Defender el debido proceso es defender una regla mínima sin la cual el orden internacional se convierte en una relación de un matón de escuela con el niño flacucho que lleva merienda.
Si a la administración Trump le interesara genuinamente la democracia como principio rector, el mapa de sus prioridades sería radicalmente distinto. Ahí está Nicaragua que vive bajo un régimen autoritario consolidado; Haití atraviesa una crisis institucional extrema; Cuba mantiene un sistema político cerrado desde hace décadas. Ninguno de estos casos ha provocado una ofensiva diplomática, económica y simbólica comparable a la desplegada contra Venezuela. La diferencia es geológica, pues ninguno de estos otros paisitos tiene petróleo. Nada tiene que ver la moral ni la ideología.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Esa cifra explica mejor que cualquier informe sobre derechos humanos su centralidad en la agenda de Washington. El petróleo, aparte de ser una mercancía estratégica, tiene la peculiaridad de ser un instrumento de poder en un contexto de competencia global por recursos energéticos. Desde esta óptica, Venezuela no aparece como un “caso humanitario”, sino como un activo estratégico mal administrado por un adversario político.
La selectividad moral de esta política se vuelve aún más evidente cuando se contrastan ciertos episodios que incomodan el relato dominante. Entre 2005 y 2009, el gobierno de Hugo Chávez, a través de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, implementó programas humanitarios de suministro de combustible para calefacción a bajo costo —y, en algunos casos, donaciones directas— destinados a familias de bajos ingresos en ciudades como Nueva York, Boston y el Bronx. La Casa Blanca, sectores políticos y mediáticos estadounidenses, lejos de leerlo como un gesto humanitario en un contexto de pobreza energética, denunciaron que el programa era una provocación ideológica o una maniobra propagandística. El problema no era el acto, sino Chávez, cuya frase favorita era el “imperialismo yanki”. Y es que no era posible que un gobierno latinoamericano auxiliara a poblaciones vulnerables dentro del propio Estados Unidos, la potencia global. Esto desestabilizaba el orden simbólico tradicional de quién puede dar y quién debe recibir.
Este episodio adquiere mayor densidad analítica cuando se lo vincula con las críticas formuladas desde dentro del propio sistema político estadounidense. El senador Bernie Sanders ha señalado de manera reiterada que Donald Trump ha mostrado un desprecio abierto por el Estado de derecho, al amenazar o impulsar acciones contra Venezuela sin autorización del Congreso, excediendo las atribuciones que la Constitución de los Estados Unidos otorga al Poder Ejecutivo y entrando en tensión directa con el derecho internacional. Desde esta perspectiva, la intervención, aparte de ya ser problemática para América Latina, constituye una erosión del orden constitucional estadounidense.
Leídos en conjunto, el rechazo visceral al gesto de Chávez y la advertencia jurídica de Sanders revelan una misma matriz histórica. América Latina sigue siendo concebida como espacio de intervención legítima, pero no como sujeto político ni moral equivalente. La apelación a la democracia funciona como lenguaje legitimador, no como principio operativo. Esta lógica remite directamente a la Doctrina Monroe y a los capítulos más oscuros del intervencionismo estadounidense en la región, donde la excepción jurídica se normaliza y la soberanía ajena se vuelve contingente. Convendría releer a Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina.
Esto es así como en el antro, pues nadie va por lo que dice ir. Y quien insiste en creérselo no es simplemente ingenuo, sino que participa activamente del autoengaño que sostiene una política exterior tan cínica como predecible.
