La lucha por la transparencia y por el derecho a la información es una realidad que opera en el país, pero eso no significa que las instituciones que están obligadas a proporcionarla, estén cómodamente satisfechos por cumplir con el mandato de máxima publicación de la información e incluso creo que una gran mayoría ni siquiera está preparada básicamente.
La información es poder del conocimiento y lamentablemente a veces, ocultarla o evitar que se conozca es una tarea que en el pasado funcionó para evitar que los ciudadanos reclamaran sus derechos o simplemente para que las acciones quedaran en el anonimato y en la impunidad del secreto.
A veces había que inventarse “maniobras oscuras” para obtener esa información, más de alguna vez alguien se “filtro” a los medios de comunicación alguna información sesgada o completamente falsa, que sin duda levantó interés entre los ciudadanos por la importancia de sus supuestas revelaciones, pero cuando convenía hacerlas públicas funcionaba y cuando no, ni siquiera generaban esos datos.
Existen avances tecnológicos en este mundo de datos e información, en la que la mayoría de actividades requieren de la cantidad información que manejan sobre nuestra vidas particulares, la cual acrecentamos todos los días, para nadie es ya un secreto, que somos monitoreados cada vez que navegamos, que compramos, viajamos o incluso sin movernos de nuestros lugares de residencia y trabajo, cuando encargamos alimentos o hacemos tramites financieros, o llenamos formularios de aplicaciones.
La protección de esa información es un derecho el “Habeas Data” que el Estado y las instituciones tienen sobre nosotros, es importante salvaguardar ese poder, disposición y control de la información, en todos los quehaceres de la vida ciudadana.
El Estado está obligado a mejorar la actividad administrativa del manejo de esa información, existe una Ley de Acceso a la Información Pública, pero los procesos para su obtención, debe ser de amplio conocimiento de los ciudadanos.
Al menos los lineamientos para evitar tratamientos inadecuados y de claridad de que información es pública, privada, reservada se hace necesario, el desconocimiento de la ley no es un argumento válido para poder hacer de ella una herramienta para la transparencia.
Las atribuciones que la ley genera sobre la información que el Estado posee de nosotros y obra en poder de diferentes instituciones en los archivos de debe de pasar incluso por la actualización, rectificación, cancelación, comparación y oposición de datos, con el fin de que el registro sea confiable, en años pasados y hoy mismo operaban empresas que tenía información de todos los ciudadanos con el objetivo de comercializar con esos datos, a nadie se le hizo un reparo por el manejo de esa información, hoy mismo siguen operando impunemente sin que nadie le importe lo que hacen con esos datos.
Debemos asegurar que el manejo de esa información sea el más adecuado y evitar la transferencia de esa información para usos ilícitos y lesivos sobre todo a la dignidad de las personas y sobre todo a sus derechos. Se debe de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su uso trasgreda esos derechos.
Han pasado dos décadas de este siglo, hay una institución que enfrenta su prestigio y credibilidad con sus magistrados elegidos de manera discrecional, con poco interés por transparentar sus funciones y amarrada a una autonomía difícil de operar cuando dependes del ejecutivo directamente, financiera y administrativamente del Estado. El Salvador, debe de caminar por senderos de verdadera transparencia pero sin vulnerar los derechos ciudadanos.
