El pasado viernes 27 hemos apreciado concentraciones y marchas de trabajadores que desde tres rutas confluyeron en la sede de la asamblea legislativa, para demandar a los diputados la nacionalización del sistema de pensiones.
Hay que acotar que cuando el sistema de pensiones de reparto fue llevado a la quiebra por las administraciones de derecha, se realizó por intermedio de un proceso que implico primero sabotear desde su administración a los reguladores del sistema, colocando a la cabeza de los mismos a agentes privados cuya función era expresamente la de quebrar al mismo, mediante el saqueo primero, para luego justificar la privatización maliciosa del sistema, arguyendo la ineficiencia del mismo para legitimar su disolución.
Debemos subrayar que tanto el sistema de pensiones como Colproce, en sus informes actuales como los de la época, develan que, a pesar de los esfuerzos de parte de los gobiernos de derecha de aquellos días, como de los agentes implicados en aquel esfuerzo, el sistema nacional de pensiones basado en la solidaridad y reparto, era entonces “sano” financieramente, gozando incluso de superávit, por lo que solo requería el debido saneamiento de sus finanzas y consecuentemente, el procesamiento judicial de los elementos privados que lo saquearon.
Lamentablemente la impunidad también se ha cebado con aquel episodio, pues ninguno de los saqueadores ha sido detenido y/o procesado, por lo que consecuentemente el estado nunca recupero tales recursos, y los trabajadores nunca se beneficiaron de los mismos.
Como sea, el sistema fue entregado a privado, fundándose las Afp´s, cuyo giro es la administración de los dineros retenidos en concepto de aportaciones a sus respectivas pensiones, a los trabajadores, para de ese modo gozar de la misma al momento de generar sus retiros.
Sin embargo, hay que señalar que las Afp´s invierten en rubros sin que de ello se beneficien apenas los trabajadores; el resultado, ganancias en el orden de los $1,748,000,000.00 a junio de 2019 [SSF], en consonancia con el 38% de rentabilidad aprobado por el sistema y que supone tanto la prima como la comisión por administración de los mismos.
Hay que enfatizar, “…que de cada $100.00 recolectados por el sistema, 27 se los queda las Afp´s…” – Ricardo Perdomo, superintendente de pensiones -, un ahorro plano, que durará entre 4 y 9 años, para luego ser asumido la pensión por el estado con una pensión básica.
Tampoco los beneficios al ahorrante, pueden ser mayores al 30% del último salario, que constituye el mayor de los vicios del mismo, pues las cifras acusan pingues ganancias, sin reflejarlo en el trabajador.
También el FOP, que la administración Saca creo y con la que tomo el 60% de los ahorros de entonces, no ha sido saneado, por lo que sus implicaciones son otro lastre del sistema.
Estos y todos los vicios del sistema que los límites del artículo impiden señalar, dejan una alternativa viable: desmontar el sistema de pensiones privado, nacionalizándolo, gestando un aparato probo y sostenible, basado en la solidaridad, para así asegurar un retiro digno al trabajador.
