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lunes, 18 de octubre del 2021

Penalización absoluta del aborto, una condena premeditada

Desde la modificación al Código Penal en 1998 que condena todas las formas de aborto, las mujeres no cuentan con posibilidad de librar la cárcel o la muerte, señala legisladora.

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La investigadora de Amnistí­a Internacional, Astrid Valencia, sostiene que el año 1998 se convirtió en una retranca para las mujeres salvadoreñas en el ejercicio de sus derechos humanos. En ese momento el Estado decidió reformar la legislación penal con el fin de no contemplar ninguna causal para el aborto, penalizándolo totalmente.

 Antes de la modificación, la ley solo permití­a tres tipos de abortos: aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer está en peligro; aborto eugenésico, cuando la vida del feto no es viable debido a malformaciones; y aborto ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto.

 De acuerdo con La Agrupación Ciudadana por la Despenalización, durante los 20 años que se han condenado todas las formas de aborto, cientos de mujeres salvadoreñas han sido encarceladas y estigmatizadas por aborto, homicidio agravado o tentativa de homicidio injustamente.

 “Todas estas mujeres han padecido emergencias obstétricas o partos extra hospitalarios, pero la actual legislación las ha obligado a pagar penas de hasta 30 años de cárcel”, señalan.

 En el documento “Familias Separadas, Abrazos Rotos”, Valencia plantea que el impacto de la penalización total del aborto en El Salvador, trasciende la esfera individual y alcanza la vida familiar-afectiva.

Lea más: Marí­a Teresa, lejos del dedo acusador

 “Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma”, señala.

 La pena y el estigma no persiguen únicamente a la mujer y su salud, sino que también tocan a su familia. Los casos se vuelven aún más dramáticos cuando hay menores que quedan bajo la tutela de otros familiares.

 Según el documento de Amnistí­a, “la forma en que los niños y las niñas viven todas las etapas del proceso penal “”desde el arresto, hasta la condena y la privación de libertad”” puede afectarlos para el resto de su vida”.

 “La primera vez que el niño la vio fue duro. El niño lloraba abrazándola y yo también, y él no querí­a salir del penal. Le dije: “˜ya vámonos, que tu mamá no se puede ir”™. Él en el autobús lloraba”, relató “Isabel”, suegra de Marí­a Teresa, una de las mujeres condenadas en septiembre 2015 para la investigación de Amnistí­a.

 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa aún no ha avalado la iniciativa de ley que permita despenalizar el aborto y según representantes de la Alianza por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las limitaciones que existen en el avance del tema es el anteponer “creencia religiosas” y no las estadí­sticas y casos que hay en el paí­s, junto con el enfoque de Derechos Humanos.

 Recientemente se realizó el foro “Impacto de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador”, en Ginebra, Suiza. En el evento organizado por el Centro de Derechos Reproductivos participó Carmen Guadalupe Aldana, una de las tantas mujeres privada de libertad por el sistema de judicial salvadoreño y la diputada del FMLN, Lorena Peña.

 La legisladora señala que desde la penalización absoluta del aborto en El Salvador, son muchas las mujeres que han muerto o han ido presas sin contar con ninguna posibilidad de salvarse, advirtió Peña. Remarcó que incluso la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha planteado en varias sentencias la necesidad de legislar sobre cómo resolver la colisión de los derechos entre la vida de la madre gestante y la vida del no nacido.

 Además, exige poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todas las mujeres y las niñas encarceladas por someterse a un aborto o por sufrir emergencias obstétricas. Insta a las autoridades a que eliminen sus antecedentes penales y que les den acceso a un remedio efectivo por las violaciones a sus derechos humanos.

 Finalmente, la entidad llama a garantizar que todas las mujeres tengan acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva integral y a asegurar que los derechos de los familiares, especialmente de las hijas e hijos de las mujeres condenadas para que sean reparados.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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