Un joven de 20 años fue asesinado en marzo pasado mientras estaba en su trabajo en el punto de la ruta 2 en Mejicanos, San Salvador. Sus verdugos, según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron dos niños de 11 y 12 años de edad quienes por la espalda le asestaron varios disparos.
Según la PNC, uno de ellos, sin mediar palabra le disparó varias veces en la cabeza y en la espalda. Luego, ambos se dieron a la fuga dentro del mismo pasaje en el que fue asesinado el joven. De haber sido capturados los supuestos asesinos no hubiesen sido sujetos de acciones legales porque a su edad la ley salvadoreña no permite que sean juzgados.
De acuerdo con Jeannette Aguilar, del IDHUCA, “estamos hablando de niños de 12-14 años, que cometan delitos, aplica un concepto que jurídicamente se llama inimputabilidad, es decir que no son sujetos de imputación de delitos porque de acuerdo a su desarrollo psicológico y social no tienen los elementos para poder discernir sobre los hechos delictivos como si lo tienen los adultos”.
Para muchos esa lógica no es la mejor. Por ejemplo para el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, quien ha señalado en otras ocasiones que “si estos niños hicieron cosas aberrantes que se vayan para Mariona", en alusión a que si cometieron delitos graves como asesinatos deben pagar como un adulto.
Según datos de prensa, atribuidos a la PNC, en 2010 hubo cerca de 10,006 detenciones, de los cuales 2,616 fueron menores de edad. Mientras que en 2009 se capturó a 9,236 personas y, de ellas, 2,726 fueron niños.
Es ante esta situación en la que cada vez más se ve involucrada la niñez menor de 18 años es que diputados salvadoreños piden ampliar el rango de edad en el que puedan ser juzgados, aumentar los años de cárcel o protestar a los instrumentos legales internacionales que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, analistas como Aguilar aseguran que esto se convertiría en un retroceso en los derechos de la niñez.
Diputados de ARENA y GANA han coincidido en la necesidad de protestar los convenios internacionales de niñez que no permiten que sean juzgados como adultos; mientras que el FMLN dice que la opción es reformar la Ley Penal Juvenil.
En la Ley Penal Juvenil la pena máxima para delitos graves, como el homicidio y extorsión, es de hasta 15 años de prisión siempre y cuando los acusados estén entre los 16 y los 18 años de edad.
Mario Tenorio, de GANA, según lo publicado en un diario local, opina que El Salvador puede obviar los convenios internacionales de niñez y acudir a su soberanía para juzgar a menores de edad con las penas establecidas en el Código Penal. “Podría existir un valladar de tipo constitucional, por convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Sin embargo, la realidad de nosotros obliga a tocar estos temas”, dijo.
Norman Quijano, diputado de ARENA, ha señalado que los tratados internacionales sobre derechos de niñez y adolescencia son "para suizos, para escandinavos", pero no para los menores pandilleros de El Salvador.
Por su parte, Jacqueline Rivera del FMLN, señaló que la alternativa es ampliar el rango de edad para que la pena máxima de 15 años de cárcel que dicta la Ley Penal Juvenil sea aplicada a menores desde los 14 años y no desde los 16 como está planteada actualmente.
Diputados también hablan sobre si los menores de edad que comenten delitos graves sean juzgados según lo establecido en el Código Penal, que la pena es hasta 60 años de cárcel por homicidios agravados.
Para Jeannette Aguilar, del IDHUCA, cualquiera que sea la alternativa, representa un retroceso en los derechos de la niñez y asegura que “hasta ahora el sistema de justicia penal juvenil ha fracasado en el intento de resocializar a los menores, hay un alto nivel de reincidencia. ¿Qué significa esto? Que no vamos a resolver el tema con el aumento de penas o privarles de su liberad, hay que trabajar otros tipo de medidas con su familia, programas de reinserción, cosas que no se ejecutan debido a la visión punitiva que existe en esta sociedad entre los legisladores y muchos jueces del sistema penal juvenil”.
Aguilar añadió que “ciertamente hay niños, niñas y adolescentes que han cometido delitos, pero que han sido obligados para participar en eventos delincuenciales de las estructuras criminales”. Nelson Flores, analista en seguridad, coincide en que muchos niños cometen delitos obligados o manipulados por adultos quienes están conscientes de las leyes y saben que las consecuencias legales son de menor gravedad para quienes no pasan de los 18 años.
La representante del IDHUCA cuestionó sobre por qué se quiere perseguir a los menores de edad quitándoles la responsabilidad a los adultos que tienen la tarea de educarlos. “Es el adulto el que debe asumir la responsabilidad, porque no ha cumplido con su obligación de velar porque el menor tenga las condiciones adecuadas para su desarrollo, es necesario darle otros tratamientos pero no necesariamente una condena”, indicó.
Asimismo Flores y Aguilar coinciden en que no es “fácil ni la mejor alternativa” el obviar los tratados internacionales en materia de los derechos de la niñez porque estos velan por el desarrollo integral de los más jóvenes en El Salvador y deben respetarse.
