El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, y el rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andreu Oliva, hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que avale la extradición hacia España de los exmilitares involucrados en la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989.
“La Corte Suprema de Justicia no debe estar de lado de la impunidad”, indicó Morales y señaló que la preocupación de que no exista justicia para los jesuitas asesinados en 1989 aumenta conforme pasa el tiempo y la CSJ no se pronuncia ante este caso.
Actualmente son 16 exmilitares salvadoreños los que están siendo solicitados por la Audiencia Nacional española por el asesinato de los sacerdotes, cuatro de ellos están en prisión a la espera de conocer si la CSJ dará el aval para que sean extraditados tal y como lo ha solicitado en dos ocasiones la Audiencia Nacional española. Los militares retirados están encarcelados desde el pasado 5 de febrero.
Morales mostró su preocupación ante le posibilidad de una nueva decisión que favorezca a los exmilitares y no a las víctimas por lo que instó a la CSJ a no actuar como en el pasado cuando protegió a los militares retirados y “se forzó por construir en sus decisiones el antivalor de la impunidad, la obstrucción y la falta de colaboración con la justicia”, señaló. El procurador se refiere a lo acontecido en agosto y octubre de 2011 la Corte determinó que no procedía la detención con difusión roja girada por Interpol contra los militares retirados.
De igual forma el defensor de los derechos humanos habló sobre la inquietud que ha generado la omisión de la CSJ de abordar en los debates los argumentos de las resoluciones y recomendaciones de la PDDH en torno al caso de la masacre de los sacerdotes.
Corte no escuchó argumentos a favor de extradición
Asimismo lamentó que la Corte solo haya admitido las solicitudes legales de la PDDH y otras organizaciones para intervenir en el caso bajo el recurso Amigos de la Corte, pero no haya concedido la audiencia solicitada para ampliar de manera personal los argumentos a favor de la extradición hacia España de los cuatro exmilitares.
Morales hizo un llamado enérgico a la CSJ a “colocarse por primera vez en el caso de los padres Jesuitas, Elba y Celina, al lado de la justicia y no del encubrimiento e impunidad de este atroz crimen de lesa humanidad”.
Por su parte el rector de la UCA, Andreu Oliva, pidió a la CSJ que “no haga excepciones” de justicia en este caso y agregó que la Corte tiene dos caminos “que apruebe la extradición y, si no aprueba, que abra un proceso penal en El Salvador”.
El también sacerdote jesuita dijo que “ya es tiempo de terminar con la impunidad, ya es tiempo que cambien las cosas en nuestro país. Se están dando cambios importantes en nuestro país hacia una mayor democracia, hacia una mayor justicia, hacia la lucha contra la impunidad, entonces creemos que en el caso de la UCA no debe ser la excepción”.
El crimen cometido en la UCA, según la Comisión de la Verdad
El 13 de noviembre la UCA fue objeto de un cateo ordenado por el coronel René Emilio Ponce quien le encomendó la tarea al coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Jefe del Conjunto III del Estado Mayor; Ponce justificó su decisión señalando que le habían informado que más de 200 guerrilleros se encontraban en el interior de la universidad.
Cerna Flores le ordenó el cateo al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, quien llevó unos cien efectivos del Batallón Atlacatl. Al terminar el cateo, cita el informe de la Comisión de la Verdad, Espinoza Guerra dio parte a Cerna Flores.
El 15 de noviembre a las 6:30 de la tarde se realizó una reunión del Estado Mayor con jefes y comandantes militares para adoptar nuevas medidas frente a la ofensiva. Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN.
Después de la reunión los oficiales permanecieron en la sala, conversando en grupos. En uno de estos grupos estaban deliberando Ponce, junto a otros militares entre los que figuraban los coroneles Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano y frente a ellos le ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, asesinar al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos.
El documento narra que en la madrugada de ese 16 de noviembre, un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresó a la UCA y se dirigieron al Centro Pastoral, lugar de residencia de los sacerdotes; los militares intentaron abrir por la fuerza el lugar, pero ellos les abrieron las puertas voluntariamente.
El Informe de la Verdad relata que los militares, con su objetivo claro, registraron el lugar y ordenaron a los sacerdotes que salieran al jardín posterior y acostarse boca abajo y fueron asesinados; según narra el documento, el responsable de matar a Ignacio Ellacuría, a Ignacio Martín-Baró y a Segundo Montes fue el teniente al mando de ese grupo: José Ricardo Espinoza Guerra.
Mientras que el subsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas asesinó a los curas: Armando López y a Juan Ramón Moreno; el sacerdote Joaquín López y López murió a manos de Ángel Pérez Vásquez. Y fue el subsargento Tomás Zarpate Castillo quien disparó en contra de Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos; pero otro soldado, José Alberto Sierra Ascencio, fue quien las remató, de acuerdo al documento.
Oliva señaló que el crimen contra los jesuitas es un claro crimen de Lesa Humanidad por el nivel de impacto que tuvo, tanto porque fue perpetrado por la FAES y porque fueron ocho personas, entre ellas seis sacerdotes que académicamente aportaban mucho al país y a otras partes del mundo.
