Los casos de las personas que se han quedado sin el puesto de trabajo que tenían en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) requerirán un análisis legal más exhaustivo.
Solo el presidente Nayib Bukele, por ejemplo, hizo pública la destitución de por lo menos 20 personas que tenían diferentes vínculos de parentesco con el mismo Sánchez Cerén, o con otros exfuncionarios afines al FMLN.
Por otro lado, entre 300 y 400 personas quedaron en una incertidumbre laboral después de que el Consejo de Ministros acordó suprimir cinco Secretarías de la presidencia el 2 de junio (domingo). Aunque esta maniobra la tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, porque exige cambios en el presupuesto anual, muchos de ellos recibieron notificaciones de “cese de funciones” y se les solicitó no llegar más a la institución donde trabajaban.
Ayer, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, se comprometió a pedir más información sobre estas decisiones a la Presidencia. Indicó que, hasta la fecha, han recibido 390 relacionadas con los derechos laborales.
Benjamín Cuéllar, que preside la junta directiva del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, indicó que esta organización dará apoyo a personal de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) que también se encuentran en una situación de incertidumbre sobre su empleo. El anuncio lo dio durante la entrevista con la radio Fuego.
“Vamos a ver, a trabajar, para ver caso por caso. No todos son iguales”, señaló Cuéllar. “A personal que ingresó y asumió puestos de dirección con altos sueldos, que lo hicieron por amistad, por cuota política o de partido en los Gobiernos anteriores, no vamos a apoyarla”, aclaró Cuéllar.
Así, enfatizó Cuéllar, estudiarán cada situación y se enfocarán sobre quien “ingresó por sus méritos, no por sus contactos".
Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de Pencho y Aída
El abogado Mario Moreno, con experiencia en el sector público, explicó los motivos por los que no se puede usar el mismo criterio para todos los casos. “El sustento legal se tiene que ver en cada caso concreto, por el tipo de contratación de las personas (Ley del Servicio Civil, contratos, etcétera). Cada uno tiene su procedimiento y sus motivos diferentes para llevar a cabo la remoción, o suprimir la plaza”, detalló Moreno.
Aun así, hay otras disposiciones legales que sirven para comenzar a considerar los casos. Por ejemplo, cuando son por una orden presidencial directa. El reglamento interno del Órgano Ejecutivo indica, por ejemplo, que cada ministro tiene su propio margen de acción.
Moreno añadió que un cese de funciones es un “despido de hecho”. Pero, más allá de eso, hay tres factores que representan algún riesgo en estas acciones que se han observado los días anteriores: 1) que el Estado debe garantizar el debido proceso para que la remoción de estas personas sea definitiva; 2) el Estado responderá subsidiariamente por los agravios que sus funcionarios lleguen a cometer y 3) si no se actúa según los procesos establecidos, será como irrespetar el Estado de Derecho. Ahí radica la importancia de conocer y estudiar cada caso.
En el caso de los que fueron despedidos por su relación de parentesco con Sánchez Cerén, o con otros funcionarios afines al FMLN, hay una línea que traza el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). En un comunicado, este tribunal recordó que el artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe el abuso de una posición de autoridad para favorecer contrataciones de familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad, o a socios. Recordó que eso “constituye un tipo de corrupción llamado nepotismo”.
En sus resoluciones, indicó el TEG, la prohibición incluye la influencia que se pueda tener sobre las contrataciones, directas o vía concesión, “por la cercanía o lealtad al funcionario con facultades de nombramiento en la respectiva institución”.
