El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, emitió este jueves un pronunciamiento de la institución que dirige, a fin de demandar al Estado salvadoreño que termine con la impunidad que reviste aún el asesinato del intelectual Roque Dalton García, hecho que califica como “crimen de guerra” y de “lesa humanidad”, cometido por una facción guerrillera el 10 de mayo de 1975.
El pronunciamiento se da en el marco de los aniversarios de asesinato y de nacimiento de Roque Dalton, respectivamente el 10 de mayo de 1975 y el 14 de mayo de 1935, conmemorados en diversos espacios de la sociedad salvadoreña, de América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo, pese al gravedad de la pandemia del COVID-19, que abate al mundo desde principios del presente año.
“Al día de hoy tal crimen sigue en la impunidad, las personas responsables no han recibido el castigo que la justicia reclama para ese delito, las víctimas no han sido reparadas y tampoco la sociedad que fue privada de uno de sus integrantes más insignes. Lo anterior pese a los tenaces esfuerzos de los señores Juan José Dalton Cañas y Jorge Dalton Cañas, hijos del bardo, por esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y recibir la reparación, todas estas justas y legítimas aspiraciones que el Estado salvadoreño debe satisfacer por imperativo del Derecho”, sostiene el procurador Tobar.
El funcionario agrega que “El 30 de junio de 2016, esta Procuraduría declaró que de conformidad con la información histórica disponible públicamente, existen elementos suficientes para presumir la participación de la dirigencia del ERP en la ejecución extralegal del poeta Roque Dalton García; asimismo, es posible, sobre la base de dicha información y otras evidencias, presumir la participación en tal hecho de los señores Joaquín Villalobos Huezo y Jorge Antonio Meléndez López”.
Roque Dalton y Armando Arteaga, asesinados por órdenes de la dirección del guerrillero ERP
“Es opinión de esta Procuraduría que la ejecución extralegal del ilustre escritor constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, sujeto a investigación y sus responsables a sanción en todo tiempo y lugar. El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos NO prohíbe que los beligerantes, en las zonas que controlan, apliquen sanciones a las personas que cometan actos que, según el ordenamiento aplicable revistan carácter penal[1]. Cuando se trata de la aplicación de penas a personas acusadas de delitos, deben observarse los elementos esenciales del debido proceso legal”, agregó el procurador.
Agrega el pronunciamiento que “El Derecho Internacional Humanitario en ninguna forma exime de esta obligación a las partes en el conflicto, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos NO exime de esta obligación a la parte que tenga control efectivo de un territorio con respecto de las personas dentro de su jurisdicción. Por el contrario, estas dos fuentes de Derecho prohíben expresamente dictar condenas o llevar a efecto ejecuciones que no hayan sido consecuencia de un juicio ante un tribunal independiente e imparcial legítimamente constituido, con garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Llamado a la FGR y a la Sala de lo Constitucional
“Es imperativo que el Estado, a través de la Fiscalía General de la República, investigue los hechos, determine responsabilidades y acuda a los tribunales a exigir la justicia y reparación para las víctimas y para la sociedad salvadoreña”, indica el procurador.
Asimismo añade que “De igual forma se tiene conocimiento que los familiares del poeta han promovido un proceso de amparo (254-2018) admitiéndose la demanda el día 10-VII-2018 pero hasta el día de hoy no se ha emitido la sentencia que conforme a derecho corresponda”
Finalmente Tobar recomendó “al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, impulse la investigación de modo exhaustivo y concluyente para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de las personas responsables, su sanción y la debida reparación de las víctimas”.
Y exhortó “a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que impulsen la sustanciación del amparo 254-2018 y se dicte la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda”.
Igualmente expresó su “reconocimiento y solidaridad hacia los hermanos Dalton Cañas y las demás víctimas de este crimen por su incansable ánimo en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación integral, lo que constituye obligaciones ineludibles a cargo del Estado”.
