Ante el éxodo que varías familias son obligadas a emprender dejando sus viviendas debido a amenazas por parte de grupos pandilleriles, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero dijo que las autoridades de Seguridad no han priorizado la protección a las víctimas y no han brindado respuesta integral a la problemática.
“En la gran mayoría de casos, las familias receptoras de tales amenazas no encuentran más alternativa que cumplir de inmediato el requerimiento hecho por estas estructuras, más allá de cualquier intervención policial que pudiera darse, por la incertidumbre que genera la escasa posibilidad de que el Estado resguarde su seguridad posteriormente”, explica la defensora mediante un comunicado de prensa.
El pasado 14 de septiembre varias familias abandonaron sus viviendas en el municipio de Panchimalco del departamento de San Salvador debido a acoso y amenazas de pandilleros, según versiones policiales y de los habitantes de dicho lugar.
Asimismo, el pasado 16 de septiembre, al menos 15 familias abandonaron sus hogares en el municipio de Caluco en el departamento de Sonsonate.
El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto aseguró que en muchos casos, familias logran regresar a sus residencias luego de que la Policía controla el problema en las zonas que están siendo amenazadas.
“Esta Procuraduría ha determinado que los planes y políticas de seguridad no han priorizado la protección y atención a estas víctimas de la violencia obligadas a un desplazamiento forzado; en ese contexto no se ha brindado una respuesta integral a la problemática, no han existido acciones de coordinación de todas las posibles instancias competentes, ni se cuenta con una clara identificación de casos a nivel nacional”, acota el comunicado.
La procuradora señala que el Estado está obligado a adoptar medidas necesarias para apoyar a las víctimas de desplazamientos forzosos, conforme a los parámetros del ordenamiento jurídico internacional.
“Debe articularse el esfuerzo de todas las Instituciones del Estado para definir objetivos y acciones concretas a corto plazo que permitan, no solo impedir las acciones de intimidación a la población salvadoreña, sino evitar de toda forma el éxodo de sus lugares de residencia, con una decidida intervención de las autoridades de seguridad pública frente a los perpetradores de tales amenazas”, manifestó la funcionaria.
