El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, hizo un llamado este miércoles a la Corte en Pleno de Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que no prolongue la impunidad en el caso Jesuita y resuelva sobre si serán extraditados o no los exmilitares capturados por el asesinato de los sacerdotes en 1989.
A inicios de febrero fueron capturados cuatro de los 17 exmilitares requeridos por la justicia española para responder por el crimen de los seis sacerdotes Jesuitas y dos de sus colaborados. Sobre estas capturas la Corte en Pleno aún no emite su resolución.
Morales ha sido enfático en sus resoluciones sobre que la impunidad no debe reinar en este caso y que esta sería la llave de la justicia para los crímenes ocurridos durante la guerra que afectó a El Salvador durante doce años (1980-1992).
Asimismo el procurador se ha pronunciado sobre los exmilitares que se encuentran prófugos y ha mencionado que el cumplimiento de las órdenes de detención internacional en contra de los militares es de carácter obligatorio y las autoridades salvadoreñas deben proceder a su inmediata ejecución.
El titular de la PDDH en la última resolución emitida el cinco de enero llamó a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) a abstenerse de afectar los procedimientos de captura que efectúe la PNC y a evitar cualquier acción orientada a permitir que los exmilitares evadan la justicia, tal y como pasó en 2011 cuando estos fueron requeridos por primera vez por el juez español.
En agosto de 2011, nueve de los militares vinculados a este caso se resguardaron sorpresivamente en la Brigada Especial de Seguridad Militar, luego que la INTERPOL solicitó su captura y extradición, también por orden de la justicia española.
Morales, también en ocasiones anteriores, ha emitido resoluciones dirigidas, precisamente, a la CSJ en las cuales le ha recordado que colaborar con la justicia española y la extradición de los imputados en el caso Jesuitas es una obligación del derecho internacional imperativo, en vista que la aplicación de la justicia ha sido negada injustificadamente dentro de El Salvador.
El caso Jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y 28 de septiembre de 1991, y el proceso dejó como resultado a seis militares condenados, entre ellos tres de los capturados, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistía en 1993. Sin embargo ese juicio ha sido calificado por las organizaciones y la PDDH como fraudulento.
