El 21 de septiembre próximo, vence el mandato de la actual procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) , Raquel Caballero de Guevara que, se ha postulado nuevamente para dirigir a la entidad por tres años más.
La subcomisión conformada para evaluar a los 24 candidatos concluyó el proceso la semana pasada y solo falta que presente un informe a la Comisión Política de la Asamblea, que se encargará de dar un dictamen para el nombramiento del nuevo funcionario.
Este día, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el Colectivo Feminista y de la Red de Defensores y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), externaron su posición con respecto al tema.
Están convencidos de que en la elección del procurador o procuradora no debe de primar el interés político sobre el criterio técnico, pues eso causaría un gran daño a la institución.
Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA, manifestó que no hay que dejar pasar tres aspectos muy importantes. Primero es el proceso de elección. Ya hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le ordena a la Asamblea respetar el deber de documentar, es decir que se realice un proceso efectivo y público donde justifique sus decisiones durante la evaluación de los candidatos.
El otro punto es la importancia que tiene la PDDH sobre todo si se analiza desde la perspectiva histórica, que es uno de los frutos principales de los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992 y que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador.
Y por último se menciona el estado actual de los derechos humanos. La PDDH está obligada a responder a una coyuntura actual. En ese contexto, las redes sociales se han convertido en un espacio de participación política y pública que años atrás no existían.
“La Procuraduría de Derechos Humanos debería de tener un ojo puesto en este ámbito y es parte de un nuevo reto, en donde se denuncian violaciones a los derechos de los ciudadanos”, acotó Escalante.
Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista, es de la opinión que en los últimos años se ha visto una mayor participación de la sociedad civil y la PDDH ha actuado como un ente contralor, a pesar que carece de un adecuado presupuesto para su funcionamiento.
“Tiene grandes desafíos y debe articularse con la población y ciertos sectores como por ejemplo con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de memoria histórica, entidades defensoras del sector de indígenas y las organizaciones que defienden a grupos de LGBTI”, mencionó.
Por ello insiste en que hace falta una institución fuerte y que esté a la vanguardia de los requerimientos actuales. El problema que percibe Burgos es que ha habido una falta de transparencia para elegir a los candidatos y los diputados han tomado más en cuenta las opiniones personales de los aspirantes que la formación académica y de conocimiento sobre derechos humanos.
Jessica Estrada, directora de Transparencia de FUNDE, señaló que por el momento no se tienen avances concretos de que se vaya mejorando los procesos de elección de funcionarios de segundo grado.
Para mejorar agregó, se necesita contar con funcionarios idóneos que estén dispuestos a cumplir con la misión que se les encomienda.
Pero en resumen, la PDDH debe tener un fortalecimiento institucional, porque es la encargada de verificar que la administración pública, entiéndase todos los Órganos de Estado, deben respetar los derechos de los ciudadanos; y es aquí, en donde la Procuraduría desempeña una función de control con respecto al resto de instituciones.
