El subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Gerardo Alegría, denunció este jueves la creciente desaparición de jóvenes por parte de agentes del Estado o delincuentes, como ocurrió en la guerra civil (1980-1992).
"La mayoría de los casos de los que tenemos registros han ocurrido; se responsabiliza a agentes del Estado y también a particulares, por lo general a pandilleros, pero no son casos investigados y quedan en la impunidad", explicó el funcionario de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Alegría detalló que de acuerdo con los registros de denuncias que tiene la PDDH, hay expedientes de 47 desapariciones. Los casos han ido aumentando año tras año desde 2014.
"En 2014 se registraron 8 desapariciones; en 2015 fueron 15; en 2016 fueron 17 y hasta octubre de 2017 van siete desapariciones de jóvenes", apuntó Alegría.
La PDDH es una institución estatal que vela por que no se violen los Derechos Humanos desde los mismos órganos del Estado. Fue creada con los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla al término de la guerra civil que azotó al país centroamericano entre 1980 y 1992.
Hace poco estuvo en El Salvador el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, quien elaboró un informe crítico de las violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo en El Salvador, entre ellas desplazamientos forzosos y detenciones arbitrarias. "También hay informes alarmantes de asesinatos extrajudiciales y el retorno de los escuadrones de la muerte", agregó Al Hussein.
Por otro lado, ejemplificó la problemática con el caso de dos jóvenes desaparecidos en julio pasado, conocidos sólo como Kevin, de 17 años, y Andrés, de 19. Ambos habrían sido apresados por agentes del Estado, pero no se conoce qué suerte corrieron, apuntó Alegría.
"Testimonios que hemos recabado e investigaciones indican que existen evidencias de que Kevin y Andrés fueron apresados por hombres fuertemente armados y vestidos como agentes del Estado, en este caso como policías. Los hemos buscado en bartolinas y en las cárceles y no hay registro de ellos", agregó el funcionario.
Los familiares de Kevin y Andrés indican que los jóvenes no eran pandilleros; que eran estudiantes, deportistas y servían en la iglesia. "Efectivamente, ninguno de los jóvenes tenía antecedentes penales como para que las autoridades los retuvieran", apuntó el subprocurador.
En El Salvador puede ocurrir que jóvenes sean confundidos por las fuerzas de seguridad con miembros de las temidas maras, quizás porque tengan tatuajes. Por otra parte, es sabido que las pandillas secuestran, matan o hacen desaparecer a jóvenes porque se niegan a colaborar con ellos, los consideran soplones o porque pertenecen a bandas rivales.
Testimonios recabados y que están en poder de la Fiscalía indican que Kevin y Andrés fueron apresados por personal uniformado y armado como policías que iban en un vehículo con matrículas nacionales.
De parte de la Policía Nacional Civil (PNC), su director Howard Cotto, informó que ha dado órdenes de investigación del caso, pero hasta el momento no hay resultados.
La PDDH ha exigido igualmente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) que ordene una investigación profunda para localizar a los dos jóvenes desaparecidos en Santiago Nonualco, en el central departamento de La Paz, así como a todos los desaparecidos hasta el momento.
La práctica de la desaparición forzosa fue practicada por los llamados cuerpos de seguridad de El Salvador antes y durante la guerra civil, es decir, la Guardia Nacional (GN); la Policía de Hacienda (PH) y Policía Nacional (PN), entidades castrenses que desaparecieron gracias a los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla para finalizar la guerra civil en 1992.
Según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas (ONU) en 1993, los desaparecidos en el conflicto armada salvadoreño llegaron a 8.000. Estas personas fueron capturadas por agentes del Estado y no se conoce su paradero. En los 25 años de posguerra tampoco se han investigado sus casos por la amnistía general que estuvo vigente hasta 2016.
