Ante los constantes ataques armados contra policías y militares en el país, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero presentó dos iniciativas de protección para cuerpos de seguridad y sus familias, a fin de superar las condiciones de vulnerabilidad y contrarrestar las amenazas de muerte.
“Los policías, soldados y sus familias se encuentran en una situación vulnerable. La propuesta es para elaborar un plan que garantice la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecer un conjunto de medidas administrativas para reducir los riesgos” explicó la procuradora.
En el país más violento de Centroamérica, han sido asesinados 41 policías y 20 militares en lo que va de 2016, una “guerra social” se desarrolla, afirman analistas y niegan las autoridades de Seguridad. En 2015 fueron asesinados 64 policías y 24 miembros de la Fuerza Armada.
La primera iniciativa se compone de tres niveles: individual, que contiene medidas de formación técnica e protección personal, cuidado psíquico y acompañamiento para la construcción de protocolos de seguridad individual.
Nivel corporativo: para adoptar las medidas dentro de la institución como la evaluación de planes de trabajo, mejoramiento del mismo, ubicación estratégica del lugar de trabajo en atención a la zonas de peligro y vivienda, identificación de posibles filtraciones de información, entre otros.
Asimismo a nivel interinstitucional, que implica la obligación de todas las instituciones para colaborar en la facilitación del plan. Además de preverse la asignación de una partida presupuestaria adecuada, asignación de viviendas, entre otras.
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La funcionaria informó que organismos internacionales están dispuestos a colaborar financieramente con la construcción de viviendas en zonas seguras para cuerpos de seguridad y sus familias.
La segunda iniciativa está encaminada a proteger a los familiares de agentes asesinados “para crear las condiciones necesarias para que esas familias reciban del Estado la atención básica que demanda su situación de vulnerabilidad”, dijo Caballero.
La procuradora solicita apoyo psico emocional para las familias, asistencia médica, gratuidad en la educación de hijos e hijas, apoyo técnico y financiero “para la protección de sus proyectos de vida”, vivienda digna y una indemnización justa por daños materiales y morales.
Para lo anterior, la procuradora dijo que debe elaborarse una base de datos con información sobre los nombres de policías y militares. La propuesta será entregada al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde para que sea tomada en cuenta y puesta en práctica.
