En El Salvador se desarrolla una “guerra social” protagonizada por pandilleros que amenazan con un conflicto escalonado a miembros del sistema de seguridad del Estado, confirmándose hasta este sábado, un total de 61 agentes del orden asesinados, según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
En lo que va de 2016, han sido asesinados 41 policías, 20 soldados y cuatro miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). De enero a octubre de este año, la PNC reporta un total de 474 pandilleros muertos en 520 enfrentamientos armados.
Esta “guerra social”, como la define el exguerrillero y analista político Dagoberto Gutiérrez, tiene en este año centenares de víctimas, entre muertos, heridos y desplazados.
El pasado 28 de octubre se filtró en redes sociales un escrito de la PNC, firmado y sellado por un jefe de la Delegación policial del departamento de Cabañas y dirigido hacia jueces de la localidad, en el que se informaba sobre una amenaza realizada por líderes de pandillas advirtiendo el incremento de atentados en contra del personal del sistema de Justicia.
En el informe, que el Gobierno reconoció como auténtico, las pandillas advirtieron “una guerra escalonada contra el sistema”, en la que los objetivos serían policías, soldados, fiscales, jueces y custodios de Centros Penales, así como también incrementar la cifra de asesinatos al final de año.
Desde el 21 de octubre al 10 de noviembre pasado, fueron asesinados siete agentes policiales, dos militares y un director del CAM.
Ante los constantes atentados, del Subdirector de la PNC, César Flores, ordenó a toda la jefatura policial, mediante un Memorándum, a instruir a sus subalternos para que tomen medidas de protección frente a las amenazas y hechos criminales ejecutados por los pandilleros contra los agentes de la seguridad.
Entre las medidas se instruye evitar la rutina en los desplazamientos en horarios y lugares de visitas; no distraerse con el uso de aparatos tecnológicos; evitar ingerir bebidas alcohólicas en antros; portar el arma de forma discreta en condiciones operacionales; identificar e informar amenazas en zonas de residencia o ruta de desplazamiento; generar esquema de seguridad y alertas con familiares y vecinos, así como no proporcionar información en redes sociales.
Recientemente, Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía, que lucha por reivindicaciones sociales para los agentes, exponía un dilema real y que no se puede obviar: los agentes y soldados son de origen pobre y sus lugares de residencia están ubicados donde también viven los miembros y colaboradores de las maras.
En su mayoría los policías y soldados muertos violentamente fueron secuestrados y posteriormente asesinados mientras estaban de licencia y de visita en sus domicilios.
