El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, lamentó que después de 40 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, el estado salvadoreño todavía mantenga en la impunidad a los responsables de dicha ejecución que ha sido considerada como un crimen de lesa humanidad.
El titular de la PDDH recordó que hace casi 20 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de fondo 37/00 de 13 de abril del año 2000, le ordenó al Estado salvadoreño “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extralegal de Monseñor Romero, reparar las consecuencias de las violaciones cometidas y adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993”.
Además, señaló el hecho de que, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, normativa que impidió durante más de 23 años el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes en el contexto del conflicto armado.
“Ahora se cumplen 40 años del momento aquel en que fue segada la vida física del más representativo de los defensores de derechos humanos de este país, por parte de un grupo armado ilegal con apoyo y aquiescencia del Estado y más de 3 años desde que se dejó sin efecto la ley de amnistía, y aún no se conocen mayores avances en la investigación de los hechos”, apuntó Tobar.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, mientras celebraba una misa. De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, las personas responsables de dicha ejecución extralegal son: el ex Mayor Roberto D’Aubuisson, los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, además Fernando Sagrera, Mario Molina, Amado Antonio Garay y Walter Antonio “Musa” Álvarez. Asimismo se señaló a la Corte Suprema de Justicia como responsable de asegurar la impunidad respecto a la autoría intelectual del asesinato.
“Se ha constatado la poca voluntad del Órgano Legislativo de garantizar los derechos de las personas ofendidas por las atrocidades cometidas en el contexto del conflicto armado interno, a pesar de que las propias víctimas les han hecho llegar propuestas pertinentes y de existir una orden de la Sala de lo Constitucional de promulgar una normativa que garantice el acceso a la verdad, que se aplique la justicia a los responsables, se generen garantías de no repetición y se repare el daño causado a las víctimas”, explicó el procurador.
Un reciente informe que la PDDH hizo con víctimas del conflicto armado, reveló que, en relación con la justicia, “hay un sentimiento recurrente de insatisfacción por la impunidad con la que se mantienen los procesos penales en sede fiscal o judicial, porque no hay investigaciones justas y adecuadas en casos del conflicto armado, por eso los casos no avanzan y no dan más información sobre su estado”.
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Hasta la fecha, el único avance que se ha tenido en la búsqueda de justicia para Romero y Galdámez ha sido la reapertura y continuación de la investigación de su asesinato en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, desde mayo de 2017.
A partir del 22 de octubre de 2018, el proceso judicial se dividió en dos partes: el proceso histórico que el referido juzgado lleva contra Álvaro Saravia y las investigaciones que éste ha ordenado a Fiscalía General de la República para enjuiciar a otros autores ya mencionados.
Sin embargo, Tobar juzga que, pese a tener claras pistas, nombres e indicios en las pesquisas, no se ha presentado ningún avance significativo.
El pasado 4 de marzo, el juzgado de la causa tomó declaración de la abogada española, Almudena Bernabeu, que participó en el juicio contra Álvaro Saravia implicado en la ejecución extralegal de Monseñor Romero.
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Hasta el momento, el capitán Álvaro Rafael Saravia, principal autor material del asesinato de Romero, ha sido el único condenado por el crimen de Romero, luego de que Bernabeu y su equipo reunieron las pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad ante un juzgado de Fresno, California, en Estados Unidos. Sin embargo, el excapitán salvadoreño no se presentó a dicha audiencia y huyó, sin conocer aún su paradero.
“Como PDDH estimamos que no se está cumpliendo el principio de debida diligencia en realizar una investigación exhaustiva, completa, imparcial, de forma inmediata y sin dilaciones”, agregó Tobar.
Ante esto, el titular de la PDDH recomendó al fiscal general, Raúl Melara, “que desarrolle una investigación seria, eficaz, oportuna y concluyente sobre la ejecución extralegal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ya que tanto la legislación procesal penal de 1974 como la vigente le otorgan amplias facultades de investigación”.
Además, el defensor de derechos humanos solicitó al Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, que “cumpla su obligación de proteger los derechos de las víctimas, impulsando una investigación como la señalada anteriormente y que ordene al Fiscal General todas las diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de todas las personas responsables de la ejecución”.
Tobar consideró que también el presidente Nayib Bukele debe “hacer uso de su investidura” para impulsar la investigación de esta y todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado y asegure la confluencia de cualquier información que obre en los archivos de instituciones bajo su responsabilidad, como la Fuerza Armada, para que las víctimas de la guerra tengan acceso a la verdad.
