Lo que ocurrió en Santa Tecla fue muy grave: la represión a balazos de una protesta ciudadana dejó el trágico saldo de un muerto y varios heridos de bala. Con independencia de si los vendedores fueron violentos, no cabe incluir la violencia política dentro de la lógica del enfrentamiento armado. Ahí tenemos el ejemplo de lo que acaba de suceder en Francia: la violencia que desplegaron los manifestantes en ese país fue muy superior a la que se vio en Santa Tecla, pero en Francia, por imperativo legal, las fuerzas del orden no controlan a balazos la violencia política por muy extrema que sea. En París, no hay un alcalde como Roberto D´Aubuisson hijo y las fuerzas policiales reprimen de manera proporcional a la amenaza y ajustándose a derecho.
Lo que ocurrió en Santa Tecla es muy grave por otro motivo: revela que sigue viva entre nosotros la mentalidad conservadora que criminaliza las manifestaciones y justifica el uso desproporcionado y brutal de la fuerza a la hora de reprimirlas. Esa mentalidad que militariza el control de la violencia política es una amenaza para el precario Estado de derecho en el cual vivimos. Y el asunto es grave por otra razón: estamos viviendo una coyuntura política bastante delicada en la que algunos partidos y ciertas fuerzas de nuestra sociedad intentan ganar las elecciones en los tribunales. A este fenómeno se le conoce como judicialización de la política. Con argumentos legales se expulsa al rival de la lucha por el poder y se consagra un presunto respeto a la ley, aunque eso suponga alterar las reglas de juego de la democracia e impedir con subterfugios la expresión en las urnas de la voluntad popular. Ya no hace falta dar golpes de estado, basta y sobra con tener un buen equipo de abogados y una institucionalidad judicial receptiva y dócil.
A estas alturas del juego, vetar a un candidato en los tribunales podría tener consecuencias imprevisibles. Dado el caso, es muy probable que la gente salga a la calle y se abra el escenario de la violencia política. No es descabellado imaginarlo, Santa Tecla es un aviso y un aviso también de que la mentalidad que criminaliza las manifestaciones puede volver a disparar balas en contra de las protestas populares.
Es muy preocupante por eso la lentitud y el silencio de la Fiscalía ante lo que sucedió en Santa Tecla. En nuestro país, por lo general, los abusos policiales no suelen ser perseguidos con celo por la Fiscalía. En ese sentido, dicha institución judicial, en contra de lo que sugieren sus ocasionales justicias simbólicas, continúa atrapada en la lógica de la impunidad que venimos arrastrando desde hace décadas, a pesar de todas la buenas intenciones que se formularon en los acuerdos de paz.
Hay que dejarlo claro, las protestas ciudadanas no se pueden reprimir a balazos. Para eso están las balas de goma, los garrotes, los cañones de agua, los gases lacrimógenos. Para que esto quedase claro, harían falta ejemplos de sanción legal que inhibiesen cualquier tentación futura de reprimir a balazos las protestas, por muy violentas que sean. La Fiscalía, sin embargo, al mostrarse tibia ante el caso de lo ocurrido en Santa Tecla, le garantiza unos cuantos años más de vida a esa mentalidad autoritaria que criminaliza a los manifestantes y justifica que se les mate.
