El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicó este miércoles su boletín trimestral correspondiente a abril a junio 2020, sobre tres ejes principales: derecho a la vida, derecho a la integridad y derecho a la libertad; en esta ocasión, en medio del contexto de la pandemia por COVID-19, de acuerdo a un comunicado difundido.
En relación al derecho a la vida, indica el OUDH, se registraron 280 muertes violentas. Esto representa un descenso del 9.1% en comparación al primer trimestre del mismo año. No obstante, a pesar de estos resultados positivos, existe preocupación sobre la facilidad con que aumentaron los homicidios entre el 24 y el 28 de abril, en donde, a pesar del período de cuarentena domiciliar obligatoria, se registraron 145 víctimas (un promedio de 17 al día).
"En relación al derecho a la integridad: según reportes de medios de comunicación y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), los centros de cuarentena controlada presentaron deficiencias en protocolos, estrategias y procedimientos de control para resguardar la vida y salud de las personas. Se detectaron tiempos de retención más allá de los plazos previstos, no se practicaba a tiempo las pruebas de COVID-19 y en algunos centros incluso hubo problemas de hacinamiento", dice el comunicado.
Por otra parte, en relación al derecho a la libertad: hasta el 9 de mayo, el Gobierno reportó haber detenido a 2,424 personas por incumplimiento de la cuarenta domiciliar. El Gobierno habría violentado este derecho al detener estas personas sin las disposiciones de ley que le otorgaran esta facultad. Posterior a la última actualización gubernamental en su página web, la PDDH registró al menos 34 denuncias por transgresiones al derecho a la libertad.
También preocupa, dice el observatorio, la constante tensión en la que han permanecido el Gobierno y la Asamblea Legislativa, principalmente, en plena emergencia nacional, pues han sido incapaces de ponerse de acuerdo para emitir una normativa que regule la respuesta estatal al Covid-19, bajo un enfoque de derechos humanos y estándares internacionales. Asimismo, es preocupante el constante discurso de confrontación, principalmente del Presidente de la República, quien ha brindado frecuentes declaraciones de menosprecio a los derechos humanos y a quienes los defienden.
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