Una intensa jornada ha desarrollado en el país la misión de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, CIDH. La visita “in loco” es la observación en el terreno sobre diversos aspectos relacionados con la plena vigencia de los derechos humanos, se desarrolla por invitación expresa de los países miembros de la Organización de Estados Americanos.
Los temas de interés incluyen seguridad ciudadana, memoria, verdad, acceso y aplicación de justicia, la situación de los derechos de las mujeres y personas LGBTI, migrantes, desplazados, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
También la libertad de expresión, la situación de personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, y otros grupos en situación particular de riesgo.
Es la primera visita de este tipo que hace la CIDH en la historia reciente del país. La última fue en 1987. Hubo una visita previa entre del 9 al 18 de enero de 1978. Respecto a la libertad de expresión, la Resolución de la CIDH sobre observaciones “in loco” de ese año, planteó que la mayor limitación a la libertad de prensa y de información la constituía la entonces Ley de Defensa y Garantía del Orden Público.
Definía como delito la acción de quienes propagaran de palabra, por escrito o por cualquier otro medio en el interior del país o envíen al exterior noticias o informaciones tendenciosas…destinadas a perturbar el orden constitucional o legal…; o de los que den cabida en los medios masivos de difusión a tales noticias e informaciones y los salvadoreños que encontrándose fuera del país divulguen en el exterior noticias e informaciones de la misma naturaleza”.
La CIDH calificó tal redacción como vaguedad y consideró que en la práctica era una forma de autocensura. La Comisión Especial también conoció sobre la conminación a la clausura del periódico Orientación y la emisora YSAX- ambos de la diócesis católica –en caso no se sometieran a la censura impuesta por el gobierno del entonces presidente Carlos Humberto Romero. También consignó la clausura del diario La Crónica del Pueblo durante el Estado de Sitio, ocurrida entre marzo y julo de 1977.
El panorama actual es diferente. Hace casi tres décadas fue firmada la paz. El ejército se redujo, desmovilizó sus batallones élite y dejó su rol en tareas de seguridad pública; aunque refuerza a la policía en el combate a la delincuencia. Por el lado de la antigua guerrilla, se convirtió en partido político; fue oposición desde 1994 al 2009, gobernó diez años; y de nuevo, es oposición.
Pese a esa diferencia cualitativa, hay asuntos sobre los que la CIDH ha expresado interés. El informe correspondiente al año 2018 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión plantea que en El Salvador siguieron las agresiones y amenazas contra periodistas por parte de funcionarios públicos; en algunos casos advirtiendo con iniciar demandas legales. A su vez, se registraron casos de limitación al ejercicio periodístico y al acceso a la información durante procesos electorales y judiciales de alta relevancia.
A esto se le agrega que en lo que va del año y en particular a partir del 1 de junio, las condiciones no han mejorado. Se sabe que en una reunión con el relator especial, Edison Lanza, miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), de la Mesa de Protección a Periodistas y representantes de algunos medios de comunicación manifestaron algunas restricciones a la prensa, retroceso en el acceso a la información pública, acosos digitales, el uso de la asignación de publicidad oficial como premio o castigo a líneas editoriales, y la revelación de datos de ciudadanos a Casa Presidencial, lo que motivó la renuncia del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública.
De acuerdo a algunas publicaciones, el relator reiteró la importancia que los países garanticen la libertad de prensa, porque es una herramienta fundamental de la democracia, el debate público, el control social del gobierno y también de la protección de los derechos humanos.
Se prevé que la misión emitirá un informe con observaciones y recomendaciones en función de trabajar en forma conjunta con el Estado y organizaciones de la sociedad civil para cumplir con sus obligaciones para garantizar y proteger los derechos humanos, inherentes a toda persona sin distinción alguna.
