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sábado, 08 de mayo del 2021

Organizaciones y activistas firman carta colectiva contra ley de reconciliación en la Asamblea

Desde El Salvador hasta los Paí­ses Bajos, son 200 firmas las que sugieren trabajar en una nueva ley, enfocada sobre las ví­ctimas

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Defensores de los derechos humanos de 10 paí­ses firmaron un pronunciamiento conjunto para pedir que no se apruebe la versión de ley de reconciliación que ahora tienen los diputados y con la que se llevarí­an a juicio los crí­menes y delitos de la guerra civil salvadoreña.

“Esta propuesta oficialista ha sido elaborada a puertas cerradas y a través de un procedimiento extraordinario”, reza la carta conjunta. El anteproyecto de ley de reconciliación lo formularon los diputados y cuando invitaron a las organizaciones que representan a las ví­ctimas, era para opinar sobre el anteproyecto ya formulado.

El contenido de la versión de la ley que tienen los diputados ha sido cuestionado con amplitud desde que primero comenzó a discutirse. Las crí­ticas apuntan a que dificulta su aplicabilidad, pone lí­mites de tiempo a las investigaciones y no contempla sanciones ejemplares para los que sean encontrados culpables. Pero  el énfasis de las voces en contra de este anteproyecto es la falta de consulta con los que representan a las ví­ctimas.

En la carta conjunta, los firmantes denunciaron que con el anteproyecto “se intenta favorecer a autores intelectuales y altos mandos, concentrando responsabilidad penal en hechores directos” e incluso se limita la cantidad de casos a perseguir por la justicia.

“Si el mencionado Anteproyecto de Ley fuera aprobado en su versión actual, se estarí­a denegando el derecho a la justicia establecido por diversos instrumentos internacionales”, así­ como la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2012 por el masacre de El Mozote.

Las organizaciones y activistas abogaron por reconsiderar la propuesta que presentó la Mesa Contra la Impunidad, donde sí­ se contemplan sanciones y define un marco legal claro para encontrar responsables de crí­menes de guerra y delitos de lesa humanidad. También detalla sanciones para estas personas.

También expresaron que es importante hacer una “plena consulta efectiva con las ví­ctimas”.

Los firmantes vienen desde Canadá, Estados Unidos, El Salvador, México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, España, Paí­s Vasco, Paí­ses Bajos, Inglaterra, Irlanda del Norte.

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