Chicago/Boston “” Una delegación de funcionarios electos de Estados Unidos, defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y expertos legales viajaron a Centroamérica a mediados de agosto para observar las realidades políticas, económicas y sociales que motivan el éxodo de personas y familias en búsqueda de protección en los Estados Unidos. Los hallazgos de la delegación se han recopilado en un nuevo informe publicado conjuntamente por las organizaciones Alianza Americas, Centro Presente y Abogados por los Derechos Civiles, organizaciones participantes en la delegación.
El informe titulado “No migran, huyen: hacia una solución a la crisis de derechos humanos que afecta a personas migrantes y solicitantes de asilo” (disponible en inglés), presenta información que ejemplifica la necesidad de defender la protección humanitaria en los Estados Unidos, y reúne sugerencias de abordaje de los problemas de violencia, corrupción e impunidad que continúan afectando gravemente a las personas más vulnerables en Centroamérica. El documento describe cinco factores que impulsan el desplazamiento forzado y las “caravanas” de personas en búsqueda de protección, y hace un llamado a los legisladores y a los formuladores de políticas de Estados Unidos a no destinar “ni un dólar más” para la militarización y criminalización de personas y comunidades afectadas por las problemáticas que impulsan el éxodo. En cambio, el informe insta a apoyar iniciativas de participación democrática, protección del Estado de derecho y protecciones humanitarias.
La delegación de investigación que produjo el informe fue dirigida por Alianza Americas, Centro Presente y Abogados por los Derechos Civiles, con la participación de los legisladores estatales de Massachusetts Andrés X. Vargas y Nika C. Elugardo, quienes representan distritos donde residen muchas personas centroamericanas.
Ivan Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles, explica el importante papel de la delegación en la observación y documentación de las condiciones que motivan el éxodo centroamericano.
“Los defensores de los derechos de los inmigrantes que no han viajado a la región entienden solo una pequeña fracción de la compleja dinámica que está en juego actualmente. La región tiene un número alarmante de desplazados internos debido a la violencia. No se puede comprender por completo el costo humano de la migración forzada hasta que se vea y se experimenten las condiciones de las personas que huyen”, sostiene.
Las cinco recomendaciones concretas que el informe hace a legisladores y formuladores de políticas son:
1. Dejar de apoyar la militarización de la seguridad pública en Centroamérica.
2. Promover la democracia y el estado de derecho en Centroamérica.
3. Fortalecer las protecciones humanitarias y de asilo en EE. UU.
4. Proteger a las mujeres, población LGBTI y a otras poblaciones vulnerables.
5. Apoyar oportunidades de desarrollo social y económico en comunidades de Centroamérica
“Actualmente, El Salvador y Honduras están experimentando una situación de violencia generalizada. La violencia se ve facilitada por una impunidad alarmante debido al sistema de justicia penal tradicionalmente débil y la corrupción desenfrenada entre los organismos del estado, los cuerpos de seguridad y el sistema judicial. Esta violencia e inestabilidad es un claro resultado de las políticas que Estados Unidos históricamente ha estado imponiendo a nuestros países de origen, políticas que solo benefician intereses corporativos y élites corruptas”, agrega Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente.
Por su parte, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas, enfatizó la importancia de abordar tanto los problemas estructurales que motivan a las personas a huir de sus lugares de origen, como la urgente necesidad de proteger a las personas que están en riesgo.
“Como líderes inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos buscamos incidir en tomadores de decisiones para ellos favorezcan cambios humanistas en las políticas migratorias. Es crucial que oficiales electos conozcan lo que está pasando en Centroamérica y puedan entender que la verdadera crisis humanitaria es la que acontece en los países de los cuales huyen las personas. Ese entendimiento es vital para que puedan abogar por cambios en las leyes de protección humanitaria en los Estados Unidos, como también en la política exterior de los EE.UU. para que esta apoye cambios que permitan que países centroamericanos lleguen a ser países donde cada vez menos personas se vean forzados a tener que abandonar”, dice.
El informe se basa en una serie de visitas de campo e intercambios informativos en Honduras y El Salvador, entre el 11 y el 17 de agosto, incluida San Pedro Sula, la ciudad hondureña donde la primera “caravana” de solicitantes de asilo partió hacia Estados Unidos en octubre de 2018. El informe destaca la criminalización de los defensores del medioambiente en Tocoa, Honduras, donde los miembros del Comité de Medio Ambiente de Guapinol y representantes de organizaciones comunitarias son perseguidos por fuerzas estatales. El informe también documenta amenazas y ataques contra comunidades garífuna que intentan defender sus tierras colectivas de la explotación y la expropiación que beneficia a la industria extractiva y de la palma africana. La delegación también sostuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las causas de la migración forzada, e instituciones que monitorean y ayudan a las víctimas de violaciones de derechos humanos y violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala.
El informe puede ser consultado aquí.
