Organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, exigieron este jueves a los tres poderes del Estado y a la Fiscalía General de la República (FGR) agilizar el cumplimiento de la sentencia de nulidad de la Ley de Amnistía que les obliga a investigar, reparar y hacer justicia en los casos de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Su exigencia, se da un día después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instalara la segunda audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia, en la que representantes de las partes obligadas, reconocieron no haber hecho lo suficiente para cumplir la normativa a dos años de su decreto.
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Al presidente de la República, las ONG le exigen que en su calidad de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada y jefe de Estado, otorgue recursos a Conabusqueda y ordene la apertura de los archivos militares y cree un comité que incluya a las víctimas y organizaciones de víctimas.
Al Órgano Legislativo, exigen que la Subcomisión especial que estudia la propuesta de la Ley de Reconciliación Nacional, no esté conformada por actores que han sido partícipes del conflicto armado, y en la que sobresalen nombres como el Coronel José Antonio Almendariz, Rodolfo Parker y el General Mauricio Ernesto Vargas.
“Personas que fueron actores directos de la guerra como jefes militares o vinculados a estos”, agregan.
Le exigen también que las víctimas tengan participación directa en el proceso de estudio de la referida ley, así como también otorgue presupuesto para la reparación de las víctimas y acceso a la justicia.
En cuanto al Ministerio de Defensa, lamentan la constante negación de información, de los archivos vinculados a crímenes, y de los operativos de guerra perpetrados por la Fuerza Armada.
“Exigimos al ministro David Munguía Payes, que no oculte ninguna información y permita una inspección libre del archivo militar ubicado en el Estado Mayor de la Fuerza Armada”, expresan las ONG.
Dicen que es necesario comprender que no existe justicia sin verdad, por lo que exigen que se busquen de manera exhaustiva o reconstruyan la información que se ha solicitado para brindar un hálito de paz a los familiares de tantas víctimas que perdieron sus vidas a manos de la Fuerza Armada.
Asimismo, para la FGR, exigen fortalecer la Unidad de Crímenes Históricos para profundizar los procesos de investigación y judicialización de los más de 100 casos del conflicto pasado que han sido denunciados penalmente.
Por último al sistema Judicial, le exigen la participación de la Sección de Investigación Profesional para que realice un monitoreo de oficio y examine, investigue y controle las acciones y actitud de los abogados dentro de los procesos penales.
“Es necesario aclarar que el trabajo del abogado se basa en la defensa justificable del implicado a través de una duda razonable de su participación y no, como sucede en casos de crímenes de lesa humanidad, donde se niega las graves violaciones de Derechos Humanos que provocan una re- victimización”, señalan.
Añaden que han presentado ante la CSJ un Amicus Curia (Amigo de la Corte, amigo del Tribunal) una figura legal que les permite como miembros de organizaciones sociales en defensa de los Derechos Humanos, aportar elementos de juicio sobre aspectos relevantes al caso.
