Cuatro organizaciones que defienden los derechos humanos, dos de ellas internacionales, exigieron a las autoridades salvadoreñas diseñar una ley de reconciliación que se ajuste a los mandatos que ha recibido de la Sala de lo Constitucional y abrir la discusión a la participación de las víctimas.
La Asamblea Legislativa tiene hasta el 13 de noviembre de 2019 para aprobar una ley de justicia transicional y reparación por los crímenes cometidos durante la guerra civil de los ochenta. Esta es la orden que ha dado la Sala de lo Constitucional en su tercer resolución sobre la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, después de los Acuerdos de Paz. La primera fue la sentencia en la que expulsó del ordenamiento jurídico del país a esta ley, en julio de 2016. Luego fue una sentencia de seguimiento, en julio de 2018, donde indicó que tenían los diputados hasta el 13 de julio de 2019 para diseñar y aprobar la ley. Fueron los mismos diputados quienes se dieron cuenta que no cumplirían con el plazo y solicitaron una ampliación de 90 días (tres meses) al tribunal constitucional. Los diputados aceptaron dar cuatro meses más, hasta noviembre, pero con la advertencia de que los diputados tenían que llevar un proceso transparente, que genere la confianza que no se logró con el primero, pero, especialmente, escuchar a las víctimas.
Las organizaciones que firman el mensaje dirigido a las autoridades son el Centro por la Búsqueda de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (regional), Cristosal (regional), Pro-búsqueda y Tutela Legal María Julia Hernández.
“Hasta hoy la Asamblea Legislativa no ha emprendido esfuerzos sustanciales para cumplir con la resolución de la Sala, que se traduzcan en una norma respetuosa de los derechos humanos”, destacaron las organizaciones. Además, “solo han impulsado una iniciativa legislativa, carente de participación de parte de las sobrevivientes y sus representantes y que no hacía más que garantizar impunidad por delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura, la comisión de masacres, entre otras atrocidades”, destacaron los autores del pronunciamiento.
En este sentido es que exigen corregir la plana y mejorar el trabajo para formular la ley. Como referencia toman las sentencias mismas del tribunal constitucional salvadoreño y las indicaciones que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tiene jurisdicción en El Salvador.
“Exigimos que el Órgano Legislativo, y los demás Órganos del Estado, asuman esta responsabilidad y abra camino a través de una discusión amplia, que considere los más altos estándares en la materia y que permita que la visión de quienes han sufrido las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos puedan ser escuchadas”, consigna el comunicado. Los representantes de las víctimas, luego de conocer el primer anteproyecto que habían preparado los diputados, decidieron hacer su propia propuesta. Ni siquiera en este contexto recibieron atención por parte de los legisladores: apenas unas sesiones de entre 15 y 20 minutos para hablar sobre el proyecto de ley que ya estaba hecho.
Ahora, el trabajo vuelve a la subcomisión de diputados que designó la Comisión Política. Durante la última reunión, discutieron los temas a puerta cerrada. El diputado Juan José Martel, del CD y miembro de esta subcomisión, dijo que si vuelve a suceder esto de no abrir los micrófonos para los medios, se retirará y denunciará lo sucedido.
