Las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y de la mujer exigieron este martes que Pablo Henríquez, padrastro de Imelda Cortez y agresor sexual de la joven, reciba la condena máxima por el delito de violencia sexual agravada, tras abusar por siete años de Cortez.
“Si mañana, Pablo Henríquez recupera su libertad, el Estado le habrá fallado a Imelda Cortez y a todas las sobrevivientes de violencia sexual en El Salvador”, expresó Alejandra Burgos, activista a favor de los derechos de la mujer.
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El juez del Tribunal de Primera Instancia de Jiquilisco será el encargado del falló contra Henríquez, quien decidirá si este pasa a la fase de sentencia o queda en libertad. La audiencia preliminar se desarrollará el miércoles a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo con las organizaciones, la reserva toral del caso solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) impide a las defensoras la denuncia pública, por lo que lamentaron la decisión tomada por la institución.
“El papel de la FGR va en detrimento de las víctimas de violencia sexual y a favor de los agresores y violadores”, denunció Keyla Cáceres, activista feminista.
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Según las organizaciones, la FGR no ha sido diligente y ha retrasado la aplicación de la ley contra Henríquez durante un año y a Cortez la mantuvieron presa por un delito que no cometió.
Henríquez ejerció violencia sexual durante siete años a Cortez, producto de esto la joven quedó embarazada y fue detenida la tarde que ingresó al Hospital Nacional de Jiquilisco. Ella llegó a emergencias, luego de experimentar un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. En ese instante, la policía la detuvo por aborto culposo; cuatro días después, la Fiscalía cambió la acusación a homicidio agravado en grado de tentativa.
