Organizaciones de derechos humanos que han denunciado las posibles ejecuciones extrajudiciales de agentes de seguridad en El Salvador, señalaron este jueves que altos funcionarios del gabinete de Seguridad y de la Asamblea Legislativa, mostraron una actitud de descalificación y ataques en su contra, y menospreciaron la audiencia sobre el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Incluso por parte de algunos funcionarios se ha llegado a decir que las organizaciones que estamos trabajando en la defensa de los derechos, podíamos estar respondiendo a una lógica o agenda por parte de las pandillas. Incluso se ha llegado a decir que éramos como un instrumento para darles respuesta”, dijo Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
Rechazan que se desacredite y criminalice su labor restándole objetivad. Aseguran que los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales no han sido por obtención de datos propios de las ONG sino a partir de resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) a través de acceso a la información pública.
“Lo ideal es que estos enfrentamientos no se dieran, que la cantidad de víctimas fuese menor”, dijo Verónica Reina, abogada del Servicio Social Pasionista (SSP).
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Además, mostraron su preocupación que haya un discurso bélico que motive a la agresión a policías y militares, teniendo en cuenta en las condiciones en las que realizan su labor.
“Sería irresponsable mandar a los policías a una guerra contra las pandillas porque puede llevar a un abuso de poder y porque se enfrentan a grupos criminales, sin tener capacidades ni respaldo institucional o equipo técnico necesario”, añadió Reina.
Asimismo, lamentan que en la ejecución del Plan “El Salvador Seguro” se enfatice e invierta más en la represión que en la prevención. Sostiene que todas estas acciones tendrán como consecuencia una escalada de violencia.
Los representantes de las ONG criticaron también las reformas que ayer pidió el gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa para endurecer penas carcelarias. “El criminal no está pensando en las consecuencias jurídicas al matar a un policía, eso está comprobado. La sobrelegislación no lo resuelve”, expresó Baulenas.
Tanto Baulenas como Reina, representaron a la sociedad civil salvadoreña ante la CIDH en la audiencia a la que llamaron al Estado salvadoreño por el incremento de casos de ejecuciones extrajudiciales, algo que rechazó el Estado pues según dijo, no es oficial ni parte de una política pública sino “decisiones personales” que los agentes pueden tomar en el momento.
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Las ONG IDHUCA, SSP, CRISTOSAL y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) reconocen el esfuerzo del gobierno en las políticas de seguridad, pero también llaman al Estado a investigar las ejecuciones extrajudiciales, a acatar las recomendaciones de la CIDH y PDDH, así como fortalecer los controles internos de auditorías de la PNC, y se le mejoren las condiciones laborales y emocionales a agentes de seguridad pública.
