Por 29 votos a favor, 17 abstenciones y uno en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirmo el principio de justicia de transición, guía para los países que salen o deberían salir de regímenes autoritarios, hacia democracias participativas, mediante la “promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, indica la resolución adoptada hoy viernes en Ginebra.
De los 8 países latinoamericanos que integran este Consejo, 5 votaron a favor (Ecuador, El Salvador, México, Panama y Paraguay) y 3 se abstuvieron: Bolivia, Cuba y Venezuela, debido a la mención en la resolución de la “responsabilidad de proteger”, establecida por la Asamblea General de la ONU, que puede abrir las puertas a una intervención internacional de un país que comete contra su propia población, “violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.
Los tres países latinoamericanos que no se sumaron al voto en favor de la resolución, intentaron vanamente que el concepto de la “responsabilidad de proteger”, fuera eliminado del texto, mediante dos enmiendas que fueron rechazadas en votaciones separadas, maniobra que, en diferentes medidas, acompañaron El Salvador y Ecuador, aunque estos dos últimos países, tras la derrota de las enmiendas en los citados escrutinios, resolvieron apoyar la resolución original en el voto final.
La controversia residió en un detalle aparentemente anodino, cuyas eventuales consecuencias de cara al futuro, podrían acarrear, que en nombre de la “responsabilidad de proteger”, el Consejo de Seguridad de la ONU, tome cartas en los asuntos de un país cuyo gobierno viole masiva y sistemáticamente los derechos humanos de la población civil, y se desencadene una intervención internacional como la acontecida en Libia en 2011, que derrocó la dictadura de Muamar Gadafi.
Fue así que Cuba, Bolivia y Venezuela se abstuvieron de apoyar una resolución que en uno de sus puntos exhorta a los Estados que para impedir de los crímenes atroces enumerados con anterioridad, cooperen con el Asesor Especial del Secretario General “sobre la Responsabilidad de Proteger”, encargado de alertar a la máxima autoridad de la ONU, de situaciones que podrían necesitar una intervención extranjera para que cesen las graves violaciones de los derechos humanos.
La resolución pide un estudio a otro Asesor Especial del Secretario General, el encargado de velar por la Prevención del Genocidio, quien junto al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que contribuyan a tomar medidas para impedir el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, para debatirlo en una próxima sesión de este Consejo.
