La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado este jueves en el que piden a la Asamblea Legislativa que no aprueben una “ley de amnistía de facto”, en relación a la normativa sobre crímenes de guerra que está siendo discutida por una subcomisión especial desde el pasado miércoles y que podría ser avalada la próxima semana.
“El experto en derechos humanos de la ONU en justicia transicional insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por delitos de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75,000 vidas entre 1980 y 1992”, reza el comunicado emitido por la entidad internacional.
La ONU argumenta que dicho proyecto en cuestión, incluye amnistías o perdones de facto, considerando que las penas de prisión serán sustituidas por servicio a la comunidad”, añade la misiva de la ONU.
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Lo anterior se refiere al apartado de penas del documento, en el que se plantea que: “La pena de prisión impuesta bajo los procesos penales tramitados a partir de la vigencia de la presente ley, así como las penas impuestas en procesos penales tramitados antes de dicha vigencia, independientemente de la medida de la misma, será suspendida de oficio su ejecución por el juez de la causa, dicha pena se sustituirá por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública en jornadas de trabajo fijadas en la respectiva resolución, cuyo límite mínimo será de tres años y el límite máximo será de diez años, de acuerdo a la gravedad del hecho cometido”.
“Un cuerpo legal a su medida”
El diputado de GANA, Mario Tenorio y el miembro de la comisión política, Juan José Martel, denunciaron que existe una “urgencia” porque se apruebe el documento antes de que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén concluya su mandato, ya que los “actores de la guerra quieren un cuerpo legal a su medida”.
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“Hay un conflicto de intereses entre representantes de partidos políticos en la Asamblea Legislativa versus lo que se puede venir más adelante. Están urgidos para que antes de que termine su mandato el presidente Sánchez Cerén sancione esta ley y quede vigente como Ley de la República. No quieren que esta ley sea conocida, avalada por el presidente electo”, expresó Martel en una entrevista televisiva.
Por su parte, Martel explicó que dicha urgencia es porque no desean que una “nueva generación de políticos” liderados por el presidente electo revisen la normativa.
“Los actores de la guerra quieren tener un cuerpo legal a su medida y no quieren que una nueva generación, que va a representar Nayib Bukele a partir del primero de junio, con nuevos parámetros, con una visión más de futuro, entre a revisar la ley (“¦) aquellos que están involucrados en crimines de guerra, que saben que esos actos no han prescrito, que saben que hay que repara a las víctimas, que saben que tienen que pedir perdón a las víctimas, que el Estado debe crear condiciones para que eso no vuelva a pasar jamás en nuestro país, están con temor”, aseveró Martel.
