El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió este miércoles de manos de la relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Mónica Pinto, la recomendación que los países se doten “de indicadores cualitativos y cuantitativos para promover el ejercicio de los derechos humanos” y garantizar así la independencia de los aplicadores de justicia.
La recomendación se da luego de saber que la relatora planea visitar, entre los países latinoamericanos, Ecuador y Venezuela, quienes no han respondido a solicitudes formuladas desde hace tiempo. Tales retrasos en aceptar sus misiones, podrían interpretarse como un cierre de puertas “a la mirada externa”, que la ONU aportaría sobre la permeabilidad a las eventuales presiones que presuntamente sufrirían los aparatos judiciales, desencadenadas por sus respectivos gobiernos.
La abogada y docente universitaria Mónica Pinto estimó que existe una “creciente demanda” de esos indicadores a nivel mundial, una suerte de “sistema universal que facilite información detallada y específica sobre la situación actual de los sistemas nacionales de justicia”, que aporte datos sobre la independencia, la imparcialidad y el funcionamiento efectivo de sistemas judiciales determinados de manera sistemática y uniforme para evaluarlos con arreglo a los criterios internacionales al respecto.
De concretarse esta nueva exigencia por parte de la ONU para que los Estados elaboren en un contexto democrático normas que establezcan compromisos con la independencia de los magistrados y abogados, permitiría de observar la evolución de los marcos sociales y políticos y las modalidades en vista de detectar restricciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, para saber si son aceptables o no, y percibir si se garantiza la separación de poderes.
“Por esta vía, la comunidad internacional dispondría de información coherente y global sobre la situación actual de los sistema judiciales nacionales, que posibilite saber si cumplen con los estándares internacionales en materia de independencia e imparcialidad, sostiene Pinto
Además afirma que de este modo se identificarían las necesidades de reforma y permitir adopción de medidas y acciones específicas a fin de mejorar la administración de justicia y el sistema judicial de forma efectiva.
En este contexto, la relatora Pinto se comprometió a velar por la independencia de los fiscales y mantenerse vigilante ante los obstáculos para el ejercicio de la profesión de los abogados, frente a “las graves violaciones que padecen”.
También se preocupó por el papel que deberían desempeñar los colegios de abogados en la protección de la independencia de los abogados y el fortalecimiento de estado de derecho, así como en el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares especiales, y la impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos.
