Distintas organizaciones sociales nacionales y extranjeras expresaron este viernes su respaldo a las víctimas de la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981. Al menos 11 afectados darán sus declaraciones este viernes ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Por este hecho se juzga a una veintena de militares implicados en la matanza.
Según las ONG”™s, los testimonios se dan en el marco del proceso penal que ha sido reabierto luego de la sentencia que emitió en el 2016, la Sala de lo Constitucional en la que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, y en el marco de la sentencia del 2012 que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado por la perpetración de dicha masacre.
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“Las declaraciones de estos sobrevivientes ante un tribunal de justicia son un acontecimiento sin precedentes en El Salvador, que por años ha cubierto esta masacre, y darán una oportunidad para reivindicar la verdad”, sostienen las organizaciones por medio de un comunicado de prensa.
La masacre de El Mozote, ejecutada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, es un caso ilustrativo contemplado en el informe de la Comisión de la Verdad, que auspició Naciones Unidas (ONU) en 1993. De acuerdo a expertos internacionales la calificaron como una de las mayores matanzas en masa ejecutada hasta el momento en Latinoamérica.
Las organizaciones que respaldan a las víctimas sostienen que una masacre de tal envergadura en la que murieron cerca de mil personas, en su mayoría niños, no pudo ser ejecutada sin el conocimiento de altos mandos militares de la época. Además lamentan que personas vinculadas a sectores políticos y militares, aún niegan su realización.
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“Las instancias del Estado correspondientes tienen la obligación de investigar los hechos de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, por ser calificado como un crimen de lesa humanidad”, concluyen.
Entre las organizaciones se encuentran La Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, la Fundación CRISTOSAL, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad UCA, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro – Búsqueda), entre otras.
Actualmente 20 militares son procesados penalmente por los delitos de: asesinato, robo agravado, violación agravada, actos terroristas, privación de libertad y actos preparatorios de terroristas, todos, ejecutados presuntamente por miembros del batallón Atlacatl entre el 10 y 14 de diciembre de 1981.
