La misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició su jornada de evaluación sociopolítica en el país, por medio de una reunión con diputados del parlamento salvadoreño y el presidente de la República, Nayib Bukele.
El contingente que fue encabezado por Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), busca calmar los ánimos entre los Órganos de Estado.
La primera junta fue con la Canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, quien indicó que “ha sido una reunión muy productiva, muy provechosa. Estuvimos con ellos durante un aproximado de dos horas y media”.
Asimismo, aseguró que se trata de una búsqueda para el desarrollo transparente de las elecciones del próximo 28 de febrero.
La canciller salvadoreña "descalificó los actos de violencia o cualquier acontecimiento que busque entorpecer la democracia y los deseos de la ciudadanía".
“Van a tener diálogo con representantes de partidos políticos y de la sociedad civil, entre otros, para ver cómo podemos garantizar unas elecciones transparentes, de paz, de alegría, en el que el resultado sea la manifestación del pueblo salvadoreño”, sostuvo.
La misión especial también sostuvo una reunión con los jefes de fracción parlamentaria, Rodolfo Parker del PDC, Nidia Díaz del FMLN, Carlos Reyes de ARENA y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
Finalmente, la comitiva tuvo una entrevista con el mandatario salvadoreño, de la cual no se brindaron resultados más que una serie de fotografías.
La llegada de los representantes de la OEA, se da a solicitud del Ejecutivo y Legislativo, según lo establecido en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, de acuerdo al comunicado de la OEA, se debió a denuncias tanto del Gobierno como de la oposición. El Gobierno ha denunciado un intento de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele, así como su desconfianza por un fraude electoral fraguado por el Tribunal Supremo Electoral.
Por su parte, la oposición ha denunciado el rompimiento del ordenamiento estatal, el asalto a la Asamblea Legislativa, el incumplimiento de leyes y los asesinatos contra militantes del FMLN.
El clima político de El Salvador se tensó más desde el pasado 9 de febrero, cuando el diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió activar el mecanismo constitucional para evaluar la capacidad mental del presidente del país, Nayib Bukele, para seguir en el cargo.
La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados y con el dictamen unánime de cinco médicos, "la incapacidad física o mental del presidente" para el ejercicio de su cargo.
El presidente salvadoreño señaló en sus redes sociales que la solicitud de Velázquez se constituye en un "intento de golpe de Estado parlamentario".
"Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados ‘defensores de la democracia’ mantener total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario", publicó Bukele.
El Congreso, de mayoría opositora, ha pedido la intervención de la OEA después del 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó al recinto legislativo escoltado por soldados y policías armados con fusiles de asalto y afuera lo aguardaban cientos de sus seguidores pidiendo "insurrección".
