La empresa minera OceanaGold desarrolló su Asamblea General Anual de Accionistas, que se llevó a cabo el 23 de junio en la ciudad de Toronto, Canadá. En dicha sesión no se hicieron públicos los conflictos legales que la empresa tuvo por dos de sus proyectos mineros en Filipinas y El Salvador.
En el encuentro, una activista de derechos humanos estadounidense, Kate Klein, interpeló al ejecutivo corporativo, Mick Wilkes, sobre el fallo en contra de OceanaGold en una demanda multimillonaria contra el Estado salvadoreño que duró más de siete años en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.
El tribunal determinó que la empresa no había cumplido con los requisitos legales para obtener un permiso de explotación y le ordenó pagar al país $8 millones de dólares en costes legales. A finales de marzo de este año, el tribunal ordenó a la empresa pagar intereses sobre su deuda, la cual continúa pendiente hasta la fecha.
En respuesta, Wilkes, presidente y Director Ejecutivo de la empresa minera, defendió la reputación de la compañía asegurando el valor y el compromiso con la comunidad y el medio ambiente.
Con referencia al caso con El Salvador, el ejecutivo corporativo enfatizo “que se puso una enorme cantidad de esfuerzo en las comunidades locales allí, el compromiso con ellos, y lo hacemos, a pesar de algunos comentarios de usted y otros, hemos disfrutado de un amplio apoyo de la comunidad local en El Salvador”, agregó.
Además, Wilkes dijo que respetan la decisión del arbitraje y adelantó que se encuentran en un proceso de negociación con el gobierno salvadoreño para lograr una salida pacífica y respetuosa del país.
Finalmente, el director ejecutivo admitió que se comprometen a pagar los ocho millones de dólares, “así que esa es nuestra posición" concluyó el empresario.
Por su parte, organizaciones antiminería internacionales cuestionaron el discurso de personeros de la compañía que consideran es pura retórica porque no procede la acción de pagar dicha deuda, a pesar de que la empresa tiene la capacidad financiera para hacerlo, aseguró Jen Moore, de Alerta Minera Canadá.
“OceanaGold registró más de $130 millones en dividendos de sus operaciones globales en 2016 y tiene todos los medios para liquidar rápidamente su deuda y despejar el proyecto El Dorado de su lista, pero – misteriosamente – se niega", aseveró Moore.
En relación a este tema, el activista Pedro Cabezas de la Asociación para el Desarrollo en El Salvador (CRIPDES) manifestó que "ignorar o engavetar los problemas que la empresa tiene en El Salvador y Filipinas no los hará desaparecer. Los inversionistas deben cuestionar definitivamente la elección que han hecho con esta firma que se conoce por los impactos negativos en las comunidades afectadas y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales hacia El Salvador", enfatizó.
