jueves, 12 de mayo del 2022
spot_img

Nuestro Tiempo denuncia amenazas de muerte contra Iván Ortíz

¡Sigue nuestras redes sociales!

Amenazas de muerte denuncia Erick Iván Ortiz, miembro de Nuestro Tiempo. Teme a posible persecución política, y responsabiliza al gobierno por “discursos de odio”, pero no señala a terroristas.

Por Alessia Genoves


Amenazas de muerte e insinuaciones de odio son las interpretaciones a llamadas telefónicas anónimas que el director de Asunto Políticos de partido Nuestro Tiempo, Erick Iván Ortíz, recibió el pasado miércoles. Denunció los hechos ante la prensa, detallando que tramitará el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR). Y aunque declaró desconocer a los agresores, expresó sentir temor a un posible ataque de gobierno, al declararse como disidente político.

Las denuncias fueron expresadas por las autoridades del partido que representa, y por las Federación Salvadoreña LGBT, de la que se desempeña como secretario de Comunicaciones. Pero, responsabilizaron al gobierno salvadoreño como un “promotor de la cultura del odio”; más no a posibles estructuras terroristas (maras y pandillas), identificadas por su participación en los más de 700 asesinatos contra personas LGBT desde el año 1993.

Mensaje

¿Dónde ponemos el cadáver?, ¿lo enterramos, o lo dejamos en el río?”, fueron las frases que Ortiz recordó, según lo narró a la prensa. Los mensajes que citó el político, sin embargo, no lo refieren a él como sujeto tácito; ni indican el nombre de la posible víctima. Sin embargo, asumió que los autores de los mensajes se referían a él como la víctima de un futuro homicidio.

Esa fue la frase repetida por la primera persona, en al menos 5 oportunidades. Yo intenté extender, también, para no decir nada. Mi única interacción fue: ¡Haló!, ¡haló!, ¡haló!; a lo que ésta persona mantuvo su posición; mantuvo su cuestionamiento al respecto de: qué hacemos con el cadáver, ¿loo enterramos, o lo dejamos en el río?”, detalló Ortiz a la prensa.

Oposición

Iván Ortiz fue candidato a una diputación, por el partido Nuestro Tiempo, en las Elecciones Legislativas 2021-2024. Se definió a sí mismo como “el primer candidato abiertamente gay”, en la historia de El Salvador. Hacía eco de su activismo político en la búsqueda de “los derechos humanos de la población LGBT”, con una participación que databa desde los últimos 10 años, en el Colectivo Normal. En última instancia, se ha desempeñado como secretario de Comunicaciones, de la Federación Salvadoreña LGBT (FESLBT).

Sin embargo, recuerda que en el pasado, sus afinidades ideológicas “han servido para la intimidación, de grupos anti-derechos, pero nunca habían llegado a una amenaza a la integridad física”. Por lo que sostiene que los posibles ataques que recibió el pasado miércoles podrían derivar de un contexto político”, que, según él, estaría relacionado con el actual Estado de Excepción de Garantías Constitucionales, a la polarización del Estado Salvadoreño y a una posible manipulación del Sistema Judicial, en contra de miembros de partidos políticos de oposición, de organizaciones de sociedad civil, y también del gremio periodístico”.

Los hechos de la semana pasada demuestran un nuevo nivel de peligro para los miembros y los dirigentes de Nuestro Tiempo. Han amenazado a un miembro del Concejo Directivo de Nuestro Tiempo, precisamente en un contexto donde las instituciones que deberían garantizar su seguridad física son aveces instituciones que promueven una cultura de odio en nuestro país”, manifestó el director de Nuestro Tiempo, Juan Valiente.

Contexto

Ortiz indicó a la prensa que en el contenido del mensaje “claramente había un proceso de intimidación, y había una amenaza a mi integridad física, con una amenaza de muerte”. Y aunque ha transcurrido una semana desde recibió la supuesta amenazado, insiste en que interpondrá la denuncia ante la FGR.

La decisión es respaldada por Nuestro Tiempo y por la Feslgbt. El primero anunció la necesidad de “acuerpar” el recurso que estarían diseñando, para el requerimiento. La segunda agrupación dedicó una misiva, en la que exigía a las “autoridades pertinentes la atención y respuesta ante este y demás casos de amenazas”.

Pero, además del trámite, expusieron su temor, ante una posible “persecución política”; y una hecho de “intimidación” por parte del Estado. Ortiz, y las instituciones que le presiden, sostuvieron que el país existía una crisis en la independencia judicial, hecho que dataría desde el pasado 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la destitución de la representación de la FGR, y la de la Sala de lo Constitucional, por nuevos actores políticos. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había justificado la legitimidad del proceso, ante la comunidad internacional, con el supuesto de que las funciones administrativas de los anteriores funcionarios estaban por prescribir

Por otra parte, acusaciones de persecución política han sido reiteradas por otros actores como el partido FMLN, tras el proceso que se ventila en contra de 10 ex-funcionarios públicos por la supuesta recepción de “sobresueldos”. También es una expresión recurrida por representantes de organizaciones feministas, como Pro-vida, Las Mélidas; Una Mano Amiga, entre otras, ante los procedimientos de inspección de sus registros contables por parte de autoridades de seguridad pública, para investigar la posible comisión del delito de “peculado”, por la recepción de fondos públicos, en el caso al que autoridades denominan como “Oenegés Fachada”.

Sin embargo, la participación de Ortiz en la política partidaria no es mayor a la de 1 año, desde su candidatura; y es bastante reciente, desde que asumió su rol como Secretario General. Tampoco tiene una causa penal en su contra, relacionada por una supuesta malversación de fondos del Estado; y las autoridades no han anunciado requerimientos penales en su contra, relativos a la administración pública.

La Feslgbt tampoco ha sido acreedora de beneficios económicos, donaciones, o financiamiento por parte del Estado. La memoria de labores de Nuestro Tiempo, por su parte, hace constar de gastos menores a los $13 mil dólares, desde su consolidación en la administración pública; y no mayores a los $3.2 millones de dólares en la inversión en propaganda electoral, y compra de insumos anticovid.

Fuera de una causa penal, o de posibles intentos de chantaje; Ortiz también manifestó la posibilidad de que sea “perseguido por el Estado”, por “opinar diferente”, acto que, según él, “es casi qué un delito”. Este escenario podría existir en el transcurso del Estado de Excepción, explica; en el que “se arman casos, y hay detenciones arbitrarias”

La Asamblea Legislativa dispone de una coberturas monetarias, como compensación a las personas que denuncien la participación de maras y pandillas. Sin embargo, hasta la fecha, Ortiz no ha recibido detenciones arbitrarias, bajo el supuesto de pertenecer o colaborar con una estructura terrorista.

Por otra parte, Ortiz explicó que el gobierno fomenta una polarización social. Según él, el hecho de violencia que recibió se puede interpretar en un contexto que viene acompañada de un discurso del Estado, validado desde las instituciones más altas del Estado; en el que reiteradamente estamos escuchando discursos de división; discursos de odio, discursos que alimentan la violencia”.

LGBT

Hasta el momento, Ortiz señala al gobierno, por su hipotética participación en el hecho de violencia; sin individualizar a los responsables. Omite informar que el crimen organizado participa en la incidencia de homicidios contra salvadoreños, y personas de la diversidad sexual y genérica, además de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la implementación de más de 50 mil militares activos en la seguridad pública, con la Policía Nacional Civil, los homicidios se han contraído en más de un 50%, desde el 2019 hasta la fecha.

La tendencia se observa con los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC), de los que 26 serían de personas LGBT+, en 2017. En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otros 1,140; en ambos años, al menos 8 personas LGBT+ fueron las asesinadas.

Transcurrida una semana desde que el político recibió las llamadas, que interpretó como amenazas de muerte, no habrá recibido otras. Yo me he tomado el tiempo para hacer ésta denuncia, porque ésto tenía que ser una decisión meditada y acompañada. Yo soy como cualquier salvadoreño, que también tengo mi familia; también tengo mi entorno; en el que hacer ésto públicamente también tiene sus repercusiones”, expresó.

Comparte este contenido en:
spot_img

También te puede interesar

Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
spot_img

Últimas noticias