Por: Alessia Genoves
Peculado es el delito que las autoridades judiciales pretenden investigar en siete organizaciones sociales, que han sido financiadas por la administración pública. Con una orden de Juzgado Primero de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino ocho de los inmuebles, de organizaciones como la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria “Pro-Vida” y la Asociación de Movimiento de Mujeres, Mélida Anaya Montes, “Las Mélidas”.
“Contra La Impunidad” es el nombre del operativo judicial, que pretende investigar delitos de corrupción asociados con la suscripción de 32 convenios de “diferentes ministerios y diferentes secretarías de Estado”, detalla la FGR. El aviso fue remitido desde la Asamblea Legislativa, misma que interrogó a decenas de representantes sociales en la denominada “Comisión Fachada”, y los hechos que habrían realizado desde el año 1,999.
Las otras cinco organizaciones implicadas en el operativo responden a los nombres de la Asociación Proyectos Comunales El Salvador “Procomes”, la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo “Fundaspad”; la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas “Una Mano Amiga”; la Asociación de Mujeres Tecleñas y la Fundación Ambientalistas de Santa Ana “Funasan”.
“Todas éstas organizaciones han realizado solicitud de fondos públicos sin dar detalles de las inversiones realizadas de las mismas. Se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales. Existen convenios de cooperación, pero éstos mantienen objetivos imprecisos, genéricos y hasta cierto punto repetitivos” detalla, entre las irregularidades, la representación fiscal de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción.
La FGR no rindió detalles sobre los hechos individualizan a las organizaciones. Sin embargo, informa que “miembros de las organizaciones eran empleados de la Asamblea Legislativa”; y que algunos de los “estados financieros y balances presentados de manera tardía ante el Ministerio de Gobernación”, en “el registro correspondiente de asociaciones y de organizaciones sin fines de lucro”, añade el representante fiscal.
Aunque los indicios de corrupción fueron anunciados a la prensa de manera genérica, Las Mélidas respondió por alusión. En una conferencia de prensa, la representante de la organización, Azucena Ortiz, informó que Las Mélidas ya había sido auditada desde el año 2019; y que la última, en 2020, la desarrolló el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a través de la titular del Ministerio de Educación, Carla Hananía de Varela.
La ex-diputada del grupo parlamentario del FMLN, Lorena Peña, respaldó las afirmaciones de Ortiz, y divulgó un fragmento de la última auditoría que compete a Las Mélidas.
“Yo no sé cuál es la roncha con las ONG de mujeres, realmente me entristece. Particularmente aporté al estudio del presupuesto. Por ejemplo, logré descubrir la mentira de los gastos financieros que los ministros del gobierno del señor Bukele aceptaron en la comisión que venían escondidos en la ley”, fueron las palabras de Peña, desde que fue interrogada por la Comisión, el pasado 17 de junio del año presente.
Mientras las inspecciones se llevan a cabo, los peritos informáticos tienen autorización de “extraer información de relevancia, que pueda estar almacenada en formato digital, en aparatos tecnológicos”; además, están autorizados para “incautar” los “elementos probatorios concernientes a la actividad delictiva”; es decir, aquellos elementos que contengan registros de las irregularidades financieras.
“Si un documento de esos desaparece en, ellos van a tener responsabilidad de ello”, expresó a la prensa Ortiz. Además, calificó el acto como un “allanamiento” y como una “persecución política” a su organización, cuyos miembros fueron parte de grupos políticos de izquierda, como el de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), situación que no es diferente con Pro-Vida y Procomes.
Entretanto, Pro-Vida también denunció que sus instalaciones fueron “allanadas”. Demandó a las autoridades que “se respeten los derechos humanos, la transparencia del proceso”.
