Por Alessia Genoves
Cerca de 13,086 personas han sido detenidas, al ser señalados de participar en agrupaciones ilícitas. Los juicios que sucedieron a sus detenciones, se concretaron en la imposición de medidas de detención en al menos 5,083 de los incoados. Los procedimientos sucedieron a los 23 días transcurridos de la declaración de la “Guerra Contra Pandillas”, y a los 21 días de vigencia del Estado de Excepción.
Reducir el número de homicidios es el propósito de la política de seguridad pública. Autoridades como el Viceministerio de Justicia y de Seguridad Pública (VMSP) presumen la responsabilidad de las pérdidas de vidas humanas a maras y pandillas. Para demostrarlo, tan sólo 17 homicidios han sido reportado en los días transcurridos a la ratificación del decreto 333º de la Asamblea Legislativa; y apenas 10 de ellos fueron cometidos en lo que va del mes de abril.
El 73,76% de los salvadoreños ha declarado estar de acuerdo con el Estado de Excepción, como una alternativa contra homicidios y otros crímenes. En contraste, un 27% de salvadoreños considera que la política de seguridad no debería ser una alternativa, según lo manifestaron los lectores de Diario ContraPunto El Salvador, en las últimas semanas.
Contra Pandillas
La percepción de la mayoría de los salvadoreños es favorable al Estado de Excepción. Las maras y pandillas han pasado a ser consideradas como agrupaciones terroristas, apenas desde el año 2015, por declaración de la Corte Suprema de Justicia. Es conocida su incidencia delictiva en la distribución de drogas, y en la ejecución de homicidios. Además, sus prácticas también han estado relacionadas con la extorsión, desapariciones forzadas y violencia física.
Y aunque las primeras medidas legales para reprimirlas tuvieron efecto desde el año 2010, con la aprobación de la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas cerca de 1,089,923 hechos de violencia representan una cifra de homicidios acumulada desde 1992, hasta la fecha, de acuerdo con informes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Muchos de éstos hechos de violencia fueron cometidos en contra de individuos asociados y no asociadas a maras y pandillas.
Al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, precede la política de contención a la violencia denominada como Plan Control Territorial (PCT). Ha sido implementado a lo largo de la administración del presidente Nayib Bukele, y ha rendido resultados como la contracción de más del 57% de los registros de homicidios, desde el año 2019.
El PCT se ha caracterizado por la implementación de efectivos de las Fuerzas Armadas, en operativos de delincuencia civil; pasando de 20 mil militares activos, a los más de 55 mil en las últimas fechas. El presupuesto militar también han incrementado, pasado de $174 millones de dólares, en 2019, a los $220 millones en 2021.
El dato contrasta con el débil presupuesto que el Estado otorgaba a las fuerzas militares, en gobiernos anteriores. Y tampoco rendían fruto planes de contención, como los establecidos por los ex-presidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, denominados “Mano Dura” y Súper Mano Dura”; y a las “medidas extraordinarias” establecidos por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
A la fecha, son 13,086 el total de personas detenidas, por las FAES y la PNC. Los operativos responden a la presunción del delito de “agrupaciones ilícitas”, principalmente; es decir, a colaborar o pertenecer a maras y pandillas. Mientras que el número de personas recibieron orden de “detención provisional” ya es mayor a los 5,083.incoados.
Rechazo
Un 27% de salvadoreños, que participaron en la encuesta de ContraPunto, consideran no estar de acuerdo con el Estado de Excepción, como una alternativa para combatir homicidios y otros crímenes. Esta posición no es exclusiva de los lectores de ContraPunto, sin embargo; ya que organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, y la Oficina de Washington para asuntos de América Latina (Wola), definen a la política como un atentado a los derechos humanos; entre ellos, el del principio de presunción de inocencia.
De hecho, el Decreto 333º, aprobado en una sesión plenaria extraordinaria el pasado 27 de marzo, recibió 67 de los 89 votos parlamentarios, para aprobarla. En su contenido establece la interrupción de las garantías constitucionales de la libertad de “movilización domiciliar” (art. 5), “asociación” (art. 6, inc. 1), “expresión” (art.7) y al de “confidencialidad de la correspondencia”(art. 24), que establece la Constitución de la República.
Sin embargo, la suspicacia de Wola y de Cristosal, se hacen patentes en el sobreseimiento de al menos 1 ente 163 imputados. El presidente Bukele interpretó el hecho con probabilidad de que al menos el 1% de los detenidos hayan sido por un “error que un sistema justo debe corregir”. De acuerdo con su estimación, al menos 131 de los más de 13,086 detenidos debe ser inocente. ,
Otras denuncias de detenciones arbitrarias ya se habían hecho. Han denunciado la detención del jugador de la Tercera División de Futbol Profesional Salvadoreño, Fernando Martínez Marroquín (29 de marzo); y la de al menos 4 baristas de la cafetería 1,200 Café (9 de abril), tras la demanda de su liberación, de personas que consideraban que no tenían implicaciones con el crimen organizado. En última instancia, recuperó su libertad el comunicador salvadoreño, Kevin Rivas, según lo anunciaron sus familiares, tras cuatro días de ser arrestado.
Por otra parte, 2.9% de los salvadoreños no declaró que no sabe estar de acuerdo con que el Estado de Excepción sea una estrategia para la contención de homicidios, y otros crímenes. Aún han transcurrido 23 de los 31 días requeridos para la vigencia del Estado de Excepción. Sin embargo, diputados del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, como Rebeca Santos, advierten que podrían “aprobar la prórroga del Estado de Excepción”.
