No hay vuelta de hoja. La Subcomisión Política para el análisis del informe presentado la Comisión Ad hoc para estudiar el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, llegó a la conclusión de que necesitará más tiempo de lo que le otorgó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para elaborar un proyecto de ley.
El presidente de la instancia legislativa, Roberto Angulo, del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo que no tienen tiempo ni están listos para presentar una propuesta de ley. El principal obstáculo agregó, es que a última hora han recibido propuestas de organizaciones sociales y de otros sectores. Pero también organismos internacionales en materia de derechos humanos han hecho sugerencias.
Angulo explicó que quieren responder a todas las inquietudes y aportes. “No es fácil ponerse de acuerdo, siempre hemos mantenido que el fallo de la Sala impide que se salga de ese marco y por tanto, hacer un buen trabajo es bien difícil”, comentó.
El 13 de noviembre concluye el plazo adicional otorgado por la Sala de lo Constitucional para legislar sobre una normativa que garantice la reconciliación nacional partiendo de la justicia restaurativa y transicional, tras el fallo emitido por el máximo tribunal de justicia del país en 2016 que derogó la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, tras finalizar el conflicto armado.
El 28 de mayo pasado, el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional para pedir una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa. La propuesta es la de ampliar el tiempo hasta el 13 de diciembre.
Para Angulo, el tema es complicado, porque forman parte de situaciones que vivió el país hace 27 años. Considera que no todos los sectores involucrados ven de la misma manera el tema de la justicia. Para algunos, quienes participaron en crímenes durante el conflicto armado deben pagar con la cárcel, para otros el perdón es suficiente.
“Hay bastantes maneras de ver el problema, unos tienen sed de venganza, externan su enojo y resentimiento, otros quieren saber dónde fueron enterrados sus parientes; hay bastantes maneras de ver la justicia y la reparación de daños de las víctimas”, recalcó.
Reconoció que aceptaron resolver un problema que es difícil, pero deben cumplir con el mandato de la Sala de lo Constitucional.
Los Acuerdos de Paz suscritos entre la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno en 1992 en Chapultepec, México, dieron aportes importantes, manifestó Angulo, ya que desde esa fecha no se han cometido crímenes políticos y surgieron instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En todo caso, cree que están tratando de hacer una buena propuesta de ley que cumpla con los requerimientos del tribunal constitucional.
Dejó claro que no van a solicitar más tiempo a la Sala y aunque no quieren pasar por encima del plazo, tendrán que hacerlo si se quiere una ley que satisfaga las expectativas de las víctimas.
El diputado efemelenista Jorge Schafik Handal, expuso que hay algunos sectores que participaron en el conflicto interno del país (1979-1992), “que se han parapetado detrás de algunas decisiones para evitar ser juzgados y el temor de ellos es que la ley contemple llevar ante la justicia a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos”.
Incluso, aseguró Handal, cuando hicieron las consultas en varios lugares del país, hay personas que dicen que si volviera a ocurrir una situación como la que vivió el país lo volverían a hacer. Si bien no es la mayoría, tienen representatividad porque se trata de gente que perteneció al ejército que aún tienen esa mentalidad.
El legislador expuso que no se trata de un tema de venganza, sino el de hacer justicia a través de una ley de reconciliación que permita cerrar paulatinamente esa etapa de violencia interna que enfrentó el país.
Adelantó que el FMLN va a presentar una propuesta de ley, que se suma a las dos que ya están en estudio; una elaborada por las organizaciones sociales y la otra por la parte técnica de la Asamblea Legislativa.
“Creemos que el documento que presentaremos ayudará a desentrampar el proceso y recoge todo lo que se ha discutido sobre la mesa; esto permitirá que lleguemos a un consenso”.
Handal sospecha que de aprobarse la ley de reconciliación, será vetada por el presidente Nayib Bukele, porque tiene una agenda política que aprovechará de cara a las elecciones de 2021. “Si ustedes ven, este Gobierno está en campaña, todos sus ministros están en campaña, mucho circo, nada de pan”.
La subcomisión política continuará discutiendo y analizando las propuestas que ya tiene; y la que está por presentar el FMLN, además, tomarán en cuenta las opiniones y sugerencias de sectores sociales hasta alcanzar un acuerdo que por hoy, es incierto cuándo aprobarán la ley de reconciliación nacional.
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