El operativo denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” realizado en san Vicente en 1982 obligó a decenas de familias de la zona a huir y refugiarse en las faldas del volcán Chinchotepec. La familia Rivas fue una de ellas, en medio de la angustia todos se dispersaron. Nicolasa (la madre de la familia) iba junto a una de sus hijas, pero al llegar al cantón El Caracol se dio cuenta que cinco de sus hijos hacían falta. No lograron escapar.
Con miedo regresó al lugar de la masacre, vio entre los muertos pero sus hijos no estaban ahí, no había rastro de los niños que oscilaban entre los seis y once años de edad. Nicolasa preguntó por ellos a cuantas personas pudo, nadie le brindó respuestas.
Hasta la fecha la angustiada madre sigue buscando a sus hijos. La Asociación Pro búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos la ha apoyado a interponer recursos legales en El Salvador para obtener respuestas pero ha sido en vano.
El último intento, a nivel nacional, de obtener respuesta fue un recurso de Habeas Corpus por dos de sus hijos que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 15 de abril junto a Pro-Búsqueda.
Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, señaló que “este sería el último recurso legal al que podríamos apelar en el país, y de no ser respondido favorablemente podemos interponer la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como se hizo por los otros tres hijos de Nicolasa”.
Nicolasa interpuso el recurso, pero evitó hablar del tema, sin embargo García la describió como una madre “que desde que vio que sus hijos no estaban ha dado la cara por ellos y quiere saber dónde están”.
Junto a Nicolasa estaba Suyapa Serrano, familiar de las hermanitas Serrano quienes tenían siete y tres años cuando desaparecieron en la guerra, por este caso el Estado ha sido Sentenciado. Suyapa señaló que “el dolor de haber perdido a un familiar nunca se va”.
“En la búsqueda nos mantiene la esperanza de volver a velos, hablarles, abrazarlos y no solo tener el recuerdo”, dijo Suyapa. Ella hizo un llamado al Estado para que encuentren a sus hermanitas y a los niños que pasaron por la misma situación. “Mi madre murió con las ganas de encontrarlas, se quedó esperando sus abrazos, se fue con esa tristeza y nadie le respondió nada”, expresó la mujer que cuando desaparecieron sus hermanas tenía 20 años de edad.
García enfatizó en que esperan respuesta del Estado salvadoreño ante este caso para no pasar a la CIDH, y luego a la CorteIDH, entidad que ya ha emitido tres sentencias por casos similares.
Sentencias en contra del Estado
La primera sentencia que recibió el Estado por la niñez desaparecida de la guerra fue el 1 de marzo de 2005 por el caso de la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz. En su dictamen la CorteIDH dijo que el Estado violó el derecho a la integridad personal, asimismo le impuso que debía pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y sus familiares, entre otras.
En ese entonces los gobiernos de turno no mostraron ningún interés en cumplir los señalamientos hechos por el organismo internacional. En la sentencia del caso Serrano Cruz, la Corte obligaba al Estado salvadoreño a cumplir 10 medidas de reparación entre estas: realizar un acto público de desagravio a las víctimas, en presencia de "altas autoridades" y miembros de la familia Serrano Cruz.
En marzo 2006, el gobierno del expresidente Antonio Saca realizó un acto en el que se suponía que el Estado pediría perdón a la familia Serrano Cruz, sin embargo, sólo “lamentaron” los hechos sucedidos. Evento al que ni siquiera Saca se hizo presente y delegó la actividad a su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Laínez.
La segunda sentencia fue dada a conocer en octubre de 2011 y contiene la denuncia de las desapariciones forzosas de Ana Ramírez y Carmelina Mejía, desaparecidas en 1981; Gregoria, Serapio Cristian y Julia Contreras, en 1982 y José Rubén Rivera, quien desapareció en la Hacienda La Joya en San Vicente. Todas las desapariciones fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Armada.
De aquellos niños desaparecidos, sólo Gregoria Contreras (ahora una mujer adulta, de 38 años) fue finalmente localizada, en 2006.
Fue meses antes de que se emitiera esa segunda sentencia, en mayo 2011, que el Estado salvadoreño pidió perdón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las niñas y niños desaparecidos durante la guerra. Esa se convertiría en la primera vez que en una sesión de este tipo el Estado reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.
La última sentencia recibida fue por a la desaparición de cuatro niños y una niña entre los años 1980 y 1982. El caso por el que el país recibió la sentencia lleva por nombre “Caso Rochac Hernández y Otros”.
Los niños desaparecidos responden a los nombres de: José Adrián Rochac tenía cinco años y fue desparecido en un operativo desarrollado en San Martin el 12 de diciembre de 1980; Santos Ernesto Salinas, desapareció a los ocho años en San Nicolás Lempa, el 25 de octubre de 1981, días posteriores del derribo del Puente de Oro; la niña es Emelina Lorena Hernández tenía 9 meses de edad y su desaparición fue en el operativo de El Mozote en 1981, en el cantón la Joya; mientras que Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Ayala, de 10 y 13 años respectivamente desparecieron el 22 de agosto de 1982, en el contexto de la masacre de El Calabozo.
La Corte consideró en ese entonces que las desapariciones continúan afectado a los familiares de las víctimas debido a que más de 30 años después siguen con la incertidumbre sobre el paradero de los niños y la niña. Señala, la sentencia, que el caso sigue en la “impunidad total” y se ha satisfecho el derecho de las víctimas de los familiares de las víctimas a conocer la vedad; pese a que el Estado salvadoreño ya ha reconocido su responsabilidad y aceptó totalmente los hechos.
Al respecto de las sentencias, Eduardo García, de Pro Búsqueda, dijo los grandes ausentes para responder favorablemente a estas disposiciones son la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial salvadoreño.
“Siempre que hablamos del Estado es en su conjunto. Por ello debemos decir que el Ejecutivo ha mostrado en las últimas dos sentencias buena voluntad por aceptarlas, por reconocer la desaparición forzada y el resarcimiento a las víctimas; sin embargo el gran ausente ha sido la Asamblea Legislativa en lo que le compete legislar y sobre todo el Órgano Judicial en impulsar la investigación fehaciente para dar con los responsables y el paradero de los niños y niñas desaparecidas de la guerra.
García señaló que son más de 900 casos de niñez desaparecida en el país durante la década de los 80; Pro-Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda han logrado dar con el paradero de 425 niños y niñas.
