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domingo, 09 de mayo del 2021

Ni un centavo partido por la mitad

Una de las discusiones que se han levantado sobre la gestión de la emergencia está relacionada con los fondos de los que dispone el gobierno central. Particularmente, alrededor de la aprobación de deuda por $2,000 millones para el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica y $1,000 millones para financiar la constitución de un fideicomiso para impulsar la recuperación económica del país y atender necesidades de las empresas exportadoras y proveedores del Estado. La primera aprobación fue el 26 de marzo y la segunda, el 5 de mayo.

Ambos decretos, son aprobaciones para que el Ejecutivo gestione la obtención de los recursos, a través de la emisión de bonos o la contratación de préstamos. Los dos instrumentos tienen características diferentes, tanto en la gestión, como en la aprobación legislativa.

Los bonos son papeles de deuda que el Estado emite y vende en el mercado financiero, con la promesa de un pago periódico de rentabilidad, regularmente semestral, y la amortización total al vencimiento, generalmente entre 10 y 40 años. Es decir que, por ejemplo, si se emitieran los $2,000 millones en bonos a 30 años con el 12%, que es una tasa que se podría esperar en el mercado actual, se deberían pagar $120 millones cada seis meses y, en el año 30, una sola amortización de los $2,000 millones. Este tipo de deuda no necesita ratificación en la Asamblea Legislativa y es autorizada con la aprobación de la gestión.

El otro instrumento es el de la contratación de préstamos. Esto implica que el Ejecutivo negocie condiciones de financiamiento con una institución financiera. En este marco, con el contexto de la pandemia muchas de estas instituciones, como el FMI o el Banco Mundial, han puesto a disposición de los países recursos con tasas de interés más bajas. Esto, al ser un contrato con un organismo internacional sí requiere ratificación legislativa además de la autorización de la gestión.

Además, una vez gestionados los recursos, ambos instrumentos deben contar con la aprobación para la asignación presupuestaria respectiva del destino de los fondos.

Es en este marco, entonces, que hay que ver los fondos aprobados. Una vez autorizada la gestión por la Asamblea, es papel del Ejecutivo hacer la gestión para obtener los recursos, hasta el momento, son $959 millones los que ha logrado gestionar, que están en diferentes etapas.

El más avanzado, es un préstamo con el FMI por $389 millones, que ya fue ratificado por la Asamblea Legislativa y solamente hace falta que se apruebe la asignación presupuestaria. Esa aprobación está sujeta a que el Ejecutivo presente el Presupuesto Extraordinario que dicta el artículo 11 del decreto de aprobación.

Otra gestión ha sido la de $20 millones con el Banco Mundial, aprobado el 16 de abril, fue observado y se aprobaron las observaciones, ahora corresponde al Ejecutivo presentar la solicitud para que sea ratificado.

Hay otros tres préstamos que fueron presentados esta semana por el Ejecutivo, dos gestionados con el BID por $250 millones cada uno y otro de $50 millones con el BCIE. Los restantes $2,041 millones todavía hace falta que el Ejecutivo los gestione.

Pero hay otra matiz necesaria. Con ambos decretos, y con la misma Ley de Presupuesto, se autoriza que el Ejecutivo emita deuda de corto plazo para cubrir brechas temporales de liquidez. Solo entre marzo y abril, el Ejecutivo ha emitido $934 millones en deuda de corto plazo en LETES y CETES que, según la medida 30 publicada por CAPRES, será pagada con deuda de largo plazo, como los $3,000 millones en discusión.

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José Luis Magaña
Columnista y analista de ContraPunto

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